A raíz de la decisión del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), de no renovar más contratos de compra de energía a los cogeneradores privados, estos piden que se les permita exportar y vender el producto en el mercado centroamericano.
La petición fue formulada por la Asociación Costarricense de Productores de Energía (Acope), que presentó una carta, al presidente de la República, Carlos Alvarado, en la que expone su desacuerdo ante la decisión tomada por el ICE y exige su intervención.
Asimismo, dicha asociación solicitó al mandatario que se tomen las acciones correspondientes para que puedan seguir operando.
En la misiva, Acope señala que la decisión adoptada por el ICE, ocasionó el apagado de 4 cogeneradoras, este es el caso de:
- PH Poás I y II, cerradas desde el 15 de setiembre del 2020
- P.E Plantas Eólicas Tilarán (PESA), su contrato venció el 28 de noviembre de 2020
- P.H. Don Pedro, su contrato venció el 30 de noviembre
- P.H. Volcán, su contrato venció el 30 de noviembre
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“Apagar plantas de energía renovable y con precios competitivos, para producir energía de fuentes térmicas o importar energía eléctrica, no solo es contrario a la decisión de su mandato de reactivar la economía, sino de avanzar en la descarbonización”, reseño Mario Alvarado, director ejecutivo de Acope, en la misiva.
Al mismo tiempo, otras dos plantas corren la misma suerte:
- P.H. Río Segundo II, vence el 30 de mayo del 2021
- P.H. El Ángel I, vence el 19 noviembre del 2021
“Esa decisión unilateral del ICE es crítica; además no es cierto que la energía renovable de estos generadores privados es la que afecta las tarifas eléctricas”, añadió Alvarado.
Otras opciones
En caso de no poder realizar el exportación de la energía que producen hacia otros mercados, Acope planteó otras alternativas.
En estas pidió que otras distribuidoras eléctricas puedan comprar la energía o que se habilite la opción para que las plantas puedan hacer autoconsumo de su energía en lugares distintos al de generación mediante el respectivo pago de peajes.
Al mismo tiempo, que se habilite el autoconsumo de la energía de esas plantas para cualquier mecanismo de recarga de vehículos eléctricos, producción de hidrógeno y actividad electro intensiva.
“Solo en materia de afectaciones a la Hacienda Pública, debido a su condición de ´socio pasivo´ de la actividad, el Estado dejaría de percibir aproximadamente un 40% de las utilidades que genere este giro de negocios, que por su capacidad constituyen grandes contribuyentes.
Así mismo, los efectos adversos los sufrirán los cantones en donde se ubican estos aprovechamientos energéticos no dejan de ser relevantes. Y todo esto ocurre en momentos de pandemia, en donde se deben buscar propuestas de reactivación económica, en todo el país, pero en particular en las zonas rurales”, se desprende del documento.
En valoración
Por su parte, el gobierno está en proceso de valoración de las opciones que permitan a estas empresas exportar al mercado eléctrico regional.
Agustín Castro, ministro de Comunicación, sostuvo que la carta de Acope fue recibida y que la propuesta correspondiente está en proceso de elaboración.
“(…) el Gobierno promoverá que las plantas eléctricas privadas puedan gestionar su participación en el mercado eléctrico regional”, se desprende de un comunicado de Casa Presidencial.
Se informó que el gobierno dará a conocer la propuesta en las próximas semanas.
“El Gobierno recuerda, además, su compromiso con el desarrollo sostenible y la descarbonización. Asimismo, reitera su apoyo al proceso de estabilización financiera llevado a cabo en el ICE”, agrega el documento.