Juan Pablo Arias
El 22 de diciembre de 2017 marcó el fin de Bancrédito. Ese viernes, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) ordenó la intervención del entonces banco estatal, que desde mayo de ese año reducía paulatinamente sus operaciones.
La medida se tomó debido a una fuerte pérdida de patrimonio, dificultad para pagar a acreedores, así como al aumento en el nivel de riesgo relacionado con la liquidez y la rentabilidad.
Al banco no le dio tiempo de cumplir con un calendario que buscaba salvarlo. El 31 de diciembre de ese mismo año era la fecha límite para que la entidad dejara definitivamente la intermediación financiera, pero la entidad había tenido dificultades para desprenderse de sus propiedades y devolver algunos activos.
En marzo de 2018 llegó la recomendación de liquidación o fusión con otro banco estatal, lo que finalmente sucedió con la absorción que hizo el Banco de Costa Rica.
Por este colapso, se investigaba a varios funcionarios públicos por los presuntos delitos de fraude de ley e influencia en contra de la hacienda pública. Los imputados habrían realizado inversiones con fondos de la Tesorería Nacional en Bancrédito, a pesar de que, al parecer, conocían que existía una posibilidad muy baja de que sobreviviera.
Este jueves la Fiscalía presentó una acusación formal por dicha investigación contra el expresidente de la República Luis Guillermo Solís, los exministros Helio Fallas y Sergio Alfaro, así como la ex Tesorera Nacional, Marta Cubillo y Mauricio Arroyo, quien continúa en esa dependencia.
No llegó a su centenario
Bancrédito estaba a punto de celebrar su centenario el 1 de junio del siguiente año. Pero no sobrevivió.
Su salida de la intermediación financiera en 2017 lo mantuvo en problemas operativos, pues tuvo que desprenderse del 70% de su cartera de créditos y devolver la mayoría de los ahorros a sus clientes pequeños.
Para sobrevivir, Bancrédito dependía un proyecto de ley que buscaba convertirlo en un Banco de Fomento. Bajo ese esquema asumiría funciones de otras instituciones del Estado. La iniciativa tenía que ser tramitada antes de que finalizara el mandato del expresidente Luis Guillermo Solís, quien se negaba a cerrarlo.
El diseño de esa nueva concepción del banco se realizó en Casa Presidencial, en su intención de paliar las consecuencias de meses de malos resultados financieros y fluctuaciones en las ganancias, situaciones advertidas reiteradamente por Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
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Golpe mortal
La pérdida de la administración de los fondos de Banca para el Desarrollo, en 2012, resultó en una caída de los ingresos de Bancrédito en aproximadamente ¢4.500 millones, lo que se tradujo en un duro golpe para la entidad.
Ese mismo año, el banco reportó la mayor cartera morosa en todo el sistema bancario, la entidad perdió el servicio de venta de timbres y especies fiscales.
Pero el golpe mortal lo recibió en 2016, cuando la caída en sus ganancias obligó a las autoridades económicas a intentar un fallido salvataje.
No se realizaba una intervención en la banca comercial desde 2004, cuando se llevó a cabo la del banco Elca. El último banco estatal intervenido había sido el Banco Anglo en 1994.
