Tomás Gómez
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) acusó al expresidente de la República Luis Guillermo Solís Rivera ( (2014-2018), y a cuatro miembros de su gabinete, por el presunto delito de influencia en contra de la Hacienda Pública, dentro del denominado caso Bancrédito.
Se trata de Helio Fallas, ex primer Vicepresidente y exministro de Hacienda; Sergio Alfaro Salas, exministro de la Presidencia; Martha Cubillo exviceministra de Egresos y Tesorera Nacional; y Mauricio Arroyo en su condición de Subtesorero Nacional.
La acusación se presentó el viernes pasado ante el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, informó esta mañana el Ministerio Público.
La FAPTA indicó que presentó cargos contra Arroyo por influencia contra la Hacienda Pública y también por seis presuntos delitos de falsedad ideológica, en concurso material.
Según la acusación, los imputados convinieron trasladar dinero de la Tesorería Nacional a Bancrédito, sin sustento técnico y con una posibilidad de retorno sumamente baja, con la intención de que la entidad bancaria aparentara tener un índice de liquidez suficiente.
Aparentemente, dicha maniobra buscaba impedir que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) decretara la intervención del banco debido a los “serios problemas de liquidez que enfrentaba y así evitar que la imagen de la administración Solís Rivera se viera dañada.
Con base en la investigación, la Fiscalía señala que la actuación de las personas acusadas tuvo como resultado una afectación a la Hacienda Pública y al interés público.
La acusación se presentó bajo la causa 20-000115-1218-PE y, dentro del proceso, la Contraloría General de la República presentó una querella (acusación privada) y la Procuraduría General de la República presentó una acción civil resarcitoria (para reclamar por daños y perjuicios sufridos) contra los imputados.
Fachada extinto Bancrédito (Foto tomada de redes sociales)
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Las acciones judiciales
Las presuntas irregularidades con Bancrédito fueron denunciadas en en julio del 2020 por la Contraloría General de la República tras una queja del diputado frenteamplista José María Villata.
En marzo del 2021 la Fiscalía realizó 5 allanamientos por las investigaciones del denominado Caso Bancrédito.
Los operativos se realizaron en las casas de Fallas y Arroyo, en Curridabat y Naranjo, así como en 3 oficinas centrales del Ministerio de Hacienda.
El objetivo de los allanamientos fue recabar prueba documental y tecnológica relevante para el desarrollo de la investigación, según informó en ese momento la Oficina de Prensa del Ministerio Público.
“Presuntamente, para dar apariencia de legalidad y con el fin de evitar el cierre del Banco Crédito Agrícola de Cartago, se cree que los imputados, durante su gestión en el Gobierno, habrían realizado inversiones con fondos de la Tesorería Nacional en dicha entidad bancaria, a pesar de que, al parecer, conocían que existía una posibilidad muy baja de retorno”, indicó en ese momento la Fiscalía.
En diciembre del 2021 la Fiscalía Anticorrupción indagó al expresidente Solís Rivera quien era investigado por los presuntos delitos de influencia en contra de la Hacienda Pública y fraude de ley, en relación con supuestas irregularidades en el extinto Bancrédito que habrían ocurrido entre el 2016 y el 2018.
La Contraloría General de la República denunció a la Fiscalía, en julio del 2020, presuntas irregularidades en las inversiones que el gobierno de Luis Guillermo Solís hizo en el desaparecido Bancrédito,
Según explicó la entidad las “compras de títulos” que se hicieron entre el 2016 y el 2018, para “solventar los problemas de liquidez” del banco habrían provocado una afectación en el flujo de caja del Presupuesto Nacional del 2018.
“Las actuaciones investigadas, en las que figuran como posibles responsables una serie de funcionarios y exfuncionarios públicos, podrían constituirse en los delitos de peculado, fraude de ley e influencia en contra de la Hacienda Pública”, indicó en ese momento el ente contralor.
Bancrédito cerró el 31 de diciembre del 2017.
El 10 de setiembre del 2018 los diputados aprobaron, en segundo debate, el proyecto que declara el cierre del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) y su absorción por parte del Banco de Costa Rica (BCR).
La fusión permitirá a Hacienda recuperar 131.000millones de colones que inyectó al banco para darle liquidez.
Esta acción se dio luego de que un año antes el Gobierno que el banco salía de la de la intermediación financiera, debido a los malos resultados que estaba obteniendo.
Bancrédito se convirtió así en el segundo banco estatal que cerrar luego del extinto Banco Anglo Costarricense que se cerró el 15 de setiembre del 1994.
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