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Contraloría alerta que tantos cambios que se han hecho en la regla fiscal “aumentan inseguridad jurídica”

El dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) es severo: “No fue posible obtener evidencia de auditoría suficiente…

Por Tomás Gómez

Tiempo de Lectura: 4 minutos
Contraloría alerta que tantos cambios que se han hecho en la regla fiscal “aumentan inseguridad jurídica”
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El dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) es severo: “No fue posible obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada para concluir sobre si la regla fiscal se encuentra conforme o no con los criterios aplicables a las entidades al 31 de diciembre de 2023”.

Así se desprende de una auditoría aplicada al esquema de finanzas públicas durante 2023 y que se envió recientemente a la Asamblea Legislativa, a la cual se le hacen una serie de reproches.

Por un lado se señala la seguidilla de leyes para eximir a varias instituciones. Por otro, los ajustes hechos a nivel reglamentario.

“Desde 2022 se realizaron modificaciones al Reglamento del Título IV, que se consideran incongruentes con lo establecido en la Ley N.° 9635 y la Ley N.° 9848. Además, en 2023 se aprobaron distintas leyes de excepción en la aplicación de la regla fiscal, lo que aumentó la imprecisión en la determinación de forma unívoca de las instituciones y los montos correspondientes exceptuados”, determinó el ente contralor.

Nuevos parámetros para la Regla Fiscal

Las advertencias de la Contraloría tienen una vertiente en los parámetros de interpretación dictados para la Regla Fiscal.

Al respecto se afirma que las modificaciones introducidas por el decreto N.° 43589-H son “incongruentes”.

“Las incongruencias refieren a diferencias en aspectos esenciales para la verificación de la regla fiscal, respecto de: las bases de verificación; los momentos de referencia para el cálculo; la aplicación de la regla fiscal a los recursos de las juntas de educación y administrativas de los centros educativos, así como a las transferencias a las municipalidades y concejos municipales de distrito; y el límite al crecimiento del gasto”, sostiene el documento.

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Como anotaciones particulares se destacan:

  • Se cambió la base de verificación del mecanismo: al finalizar el periodo económico, se lleve a cabo la verificación del cumplimiento comparando montos de gasto presupuestados.
  • Varía el espacio temporal: se modificaron los momentos de referencia para el cálculo del crecimiento del gasto. Se establece que el cumplimiento de la regla se determina comparando el presupuesto definitivo del periodo de verificación con el presupuesto ordinario aprobado del periodo anterior (presupuesto inicial).
  • Cambio de alcances: se eliminó la verificación de la regla fiscal a los recursos de los presupuestos de las Juntas de Educación y Administrativas de centros educativos; y de las Municipalidades y Concejos municipales de distrito; provenientes de transferencias corrientes y de capital, del Gobierno Central.

El 21 de junio de 2023, Contraloría presentó una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, solicitando la anulación de las conductas administrativas referidas en los Decretos Ejecutivos N.° 43589-H y 43696-H. Esta demanda se mantiene, a la fecha de emisión de este informe, en análisis de admisibilidad por parte de dicho Tribunal (Poder Judicial)

 

Huecos e incerteza en la Regla Fiscal

Además del marco interpretartivo, la Contraloría reclama también por el desgranamiento que los diputados han hecho de la norma; que buscaba regular el gasto de manera general en el sector público.

“Para el ejercicio económico 2023, las limitaciones a la verificación del cumplimiento de la regla fiscal se agravan”, dicen.

“Desde la entrada en vigencia de la Ley N.° 9635, además de las modificaciones en el reglamento detalladas anteriormente, se han aprobado más de 18 leyes de exclusión del ámbito de aplicación de la regla fiscal, que exceptúan recursos específicos e instituciones de ese ámbito, y se han presentado alrededor de 30 proyectos de ley en la Asamblea Legislativa con similar propósito”, puntualizan.

Los cambios más recientes

Del 2023 se enciende la alerta por tres nuevas excepciones:

  • Compras realizadas por el Consejo Nacional de Producción en el marco del Programa de Abastecimiento Institucional.
  • Ley N.° 10386, que adicionó 13 incisos de excepción; que contemplan exclusiones parciales o totales del ámbito de aplicación de la regla fiscal para alrededor de 80 instituciones.
  • Ley N.° 10382, que refiere a una exclusión parcial del ámbito de aplicación de la regla fiscal para cerca de 10 instituciones.

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“La implementación de las leyes anteriormente señaladas, no solo ha generado una modificación de la cobertura institucional que se pretendía inicialmente con la aplicación de la regla fiscal; sino que producto de esto, se han definido exclusiones no precisas que impiden determinar los montos de excepción, con un grado de certeza razonable”, dice Contraloría.

“Por otro lado, existen distintas instituciones que se encuentran sujetas a más de un inciso de excepción, lo cual genera incertidumbre en la aplicación de la regla, siendo que no es posible determinar con una certeza razonable los rubros y montos de exclusión que se deben tomar en cuenta”, acotan más adelante.

Dos años de problemas

La Contraloría concluye que la aprobación de todas estas leyes de excepción aumenta la inseguridad jurídica para los operadores del mecanismo; en las diferentes fases de definición, aplicación y control.

Recuerda además que es la segunda ocasión en que se choca las trabas para analizar la Regla Fiscal.

“En síntesis, las situaciones significativas y generalizadas de efecto sostenido mientras permanezca el escenario jurídico actual ocasionan por segundo año consecutivo la imposibilidad de obtener evidencia suficiente y apropiada para concluir sobre la conformidad de la información auditada respecto de los criterios de auditoría”, puntualizan.

“Este resultado es el escenario más contraproducente para el interés público, pues el mecanismo de control estipulado para llevar a cabo la correcta aplicación y verificación de la regla fiscal no puede ejecutarse. En este sentido, la regla fiscal en su generalidad, debe un grado de certeza razonable para todos los actores, y es imperativo tener claridad y seguridad en sus premisas por las consecuencias previstas con su inobservancia, en el tanto, lo contrario afecta la transparencia y rendición de cuentas hacia las partes interesadas”, finalizó.

La regla fiscal era uno de los componentes clave la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, tramitada en 2018 (Archivo)

 

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