Tomás Gómez
El impacto de la regla fiscal en entes como el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf), el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) y el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) llamó la atención de la Defensoría de los Habitantes, que este miércoles lanzó un estudio sobre los efectos de algunas políticas fiscales dentro del esquema de bienestar social.
Según alega la institución, las medidas están teniendo un impacto directo en poblaciones más vulnerables y en situación de pobreza.
Según el criterio, la regla ha generado “rigideces presupuestarias”, impactando principalmente ejes sociales cruciales, como salud y educación.
“Esto ha restringido el acceso a servicios esenciales, especialmente para estudiantes y personas con discapacidad en situación de pobreza; limitando su acceso a la educación, vivienda, alimentación y atención médica”, anotó el ente.
El problema con los recursos
La evaluación de la Defensoría pone un ojo, específicamente, en los ajustes que ha implicado la regla fiscal para la atención de políticas públicas.
La lectura se hizo desde la economía y el derecho, abordando también la jurisprudencia -sobre todo de la Sala Constitucional- donde se hallaron señales de la afectación a las poblaciones que requieren ayuda.
“Costa Rica enfrenta el desafío de conciliar sus políticas de austeridad con sus compromisos en materia de derechos humanos; por lo que es imperativo que las políticas de austeridad se ajusten a los estándares internacionales de derechos humanos y prioricen la atención a las poblaciones vulnerables, incluso en tiempos de limitación de recursos”, insistió la Defensoría.
Ante ello, anunciaron que en próximos días estarán presentado otras sugerencias para que la Regla Fiscal no impacte en los Derechos Humanos.
Autoridades hablan de falta de dinero
El Observador ha dado seguimiento a varios recortes y problemas en instituciones que atienden a población en condición de vulnerabilidad.
Un caso se presentó en el Instituto Mixto de Ayuda Social con las becas Avancemos, al que los diputados inyectaron ¢12.000 millones recientemente en el presupuesto extraordinario, pendiente de aprobarse. Según las autoridades, ese era el monto afectado que golpeaba la entrega de becas.
También está el escenario del Patronato Nacional de la Infancia (PANI). Ahí se notificó que los subsidios de Acogimiento Familiar con Subvención (AFCS) disminuirían de ¢132.084,12 a ¢109.219,71 en el caso de menores sin condición de salud particular. La reducción es de ¢22.864,41 (17,31%).
Mientras que el monto especial, destinado a niños y jóvenes con discapacidad, bajó de ¢158.343,60 a ¢123.271,58. En este caso la disminución es más grande, de ¢34.631, o bien, 21,87%.
Tras las publicaciones, un grupo de diputados elevó el caso ante la Contraloría, pidiendo investigar al Ministro de Hacienda, Nogui Acosta, por los recortes en Asignaciones Familiares.
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