Los 86.000 funcionarios del Ministerio de Educación (MEP) se aseguraron el viernes una nueva convención colectiva para los próximos 3 años.
El acuerdo, firmado el viernes con poca publicidad, asegura la contratación de al menos 4.000 personas más.
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La negociación fue llevada por 4 sindicatos: Asociación Nacional de Educadores (ANDE), Sindicato de Educación Costarricense (SEC), Sindicato de Comedores (Sitracome) y la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE).
Por parte del Gobierno figuraron la ministra de Trabajo, Geannina Dinarte y el viceministro de Educación, Steven González.
El presidente Carlos Alvarado por su parte fungió como “testigo de honor”.
Los privilegios de la convención
El documento suscrito sosteniene algunos derechos anteriores y garantiza otros nuevos, destacando:
- Contratación de 4.000 cocineras actualmente a cargo de Juntas de Educación
- Regularización de pagos por zonaje y peligrosidad según sitio de trabajo
- Mantener lunes, martes y miércoles santos como jornadas libres pagadas
- Nuevos lineamientos para que el personal adminstrativo haga teletrabajo durante vacaciones escolares
- Revisión continua de lo que el gremio denomina “exceso de cargas de trabajo”
Sobre el aumento de la planilla, el MEP retomó su argumento de que permitirá un ahorro de recursos por las responsabilidades derivadas de la contratación.
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“Reducirá las responsabilidades y gestiones de las Juntas de Educación y Administrativas y les evitará situaciones derivadas de las relaciones laborales que, al final, debe resolver el MEP”, sostuvo el viceministro González. .
El jerarca insistió también en que el gasto público de la convención no va “más allá de lo que ya está autorizado en la Ley del Presupuesto Nacional”.
Molestia de sectores
La forma en que se llevó la negociación ha generado diversos cuestionamientos y críticas al Gobierno.
El hecho de que se aseguren dichos beneficios en medio de una crisis levantá más roncha.
Así lo manifestó por ejemplo la Cámara de Industrias que calificó de “inaceptable” el acuerdo.
Entre otros puntos, el sector productivo fustigó:
- Aumento del 12,6% en la base salarial gracias al incentivo “Desarrollo de Docencia”, que repercute en otros beneficios calculados a partir de la base.
- Se reserva 1,200 para actividades extracurriculares
- Exime a funcionarios de devolver sobresueldos al consideran que no fue su error
- Garantiza permiso de lactancia por 24 meses sin tener que presentar certificados médicos.
También reaccionó con desazón la exministra de Trabajo Sandra Piszk, quien cuestionó la creación de plazas que se encarecerán con el paso del tiempo.