AFP
(San José). El Pleno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución donde ordena al Estado del Perú “abstenerse de implementar” una sentencia que permite la liberación del expresidente Alberto Fujimori (1990-200).
El exmandatario cumple, desde 2009, una condena de 25 años por crímenes contra los derechos humanos.
Según la resolución de la Corte-IDH, la decisión del Tribunal Constitucional de Perú de restituir un indulto concedido al exgobernante, “no efectuó una ponderación que tomara en cuenta la afectación que tiene el indulto por graves violaciones a los derechos humanos en el derecho de acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares”.
Perú aseguró el viernes que acatará cualquier decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) sobre si el expresidentedebe continuar en prisión, pese a una resolución judicial que permite su excarcelación.
Decisión será respetada
“La decisión que [la Corte-IDH] tome será implementada por el Estado de la manera más pronta posible”, dijo el procurador Carlos Miguel Reaño, el abogado del Estado peruano.
“El Estado peruano reconoce el derecho de las víctimas que fueron afectadas en sus derechos humanos”, agregó durante una audiencia virtual de la Corte-IDH, con sede en San José.
En la sesión, familiares y abogados de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, perpetradas durante el gobierno de Fujimori (1990-2009), sustentaron un recurso para bloquear la liberación del mandatario, que podría ocurrir luego de una decisión del Tribunal Constitucional de Perú (TC) el 17 de marzo
En aquella ocasión, el TC consideró procedente un hábeas corpus para restituir un indulto humanitario que el gobierno le concedió a Fujimori en 2017 y que fue anulado por la justicia diez meses después.
Las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, que dejaron 25 víctimas, fueron señaladas como crímenes de lesa humanidad por perpetrarse mediante homicidio calificado con alevosía, lesiones graves y secuestro agravado, según sentencias de la Corte-IDH del 2001 y 2006.
El procurador Reaño reconoció la legitimidad de las resoluciones de la Corte-IDH por encima de decisiones como la del Tribunal Constitucional.
Dania Coz, miembro de la ONG peruana Comisión de Derechos Humanos (Comisedh), pidió a la Corte-IDH que “requiera al Estado peruano a que cese todo acto destinado a impedir indebidamente la ejecución de la sanción de Fujimori”.
Comisedh es una de las organizaciones que representan a los familiares de las víctimas. Considera que estos “no fueron informados ni escuchados” sobre la decisión del Tribunal Constitucional.
Gisela Ortiz, hermana de uno de los estudiantes asesinados de la universidad La Cantuta, pidió a la Corte-IDH que “garantice” su “derecho a la justicia”.
Una de las magistradas de la Corte-IDH indagó sobre el estado de salud de Fujimori, de 83 años, una variable considerada por el Tribunal para su indulto. Reaño dijo que enviarán un reporte en los próximos días.
Mientras dura la deliberación, cuyo plazo no se ha informado, la Corte-IDH pidió a Perú mantener a Fujimori en prisión.
El procurador peruano aseguró que todas las instancias penitenciarias y judiciales de su país están informadas sobre esta solicitud de la Corte, que debe ser acatada.
Fujimori fue detenido en Chile en 2005. Dos años después fue extraditado a Perú, donde ha recibido cinco condenas.
