Tomás Gómez
Los votos de 41 diputados cerraron la puerta a darle un segundo aire al Acuerdo de Escazú y con ello el tratado pasó al archivo definitivo.
Esta semana se cumplieron los cuatro años que podía estar un proyecto a la espera en la Asamblea Legislativa. Al vencer ese plazo, la única opción era votar una “ampliación del plazo cuatrienal”, que le diera otros cuatro años.
Precisamente esa fue la propuesta hecha por el Frente Amplio, que no logró cosechar apoyos.
Al final, solo 11 diputados dieron su apoyo, contando los seis frenteamplistas. A ellos se sumaron Manuel Morales y Luz Mary Alpízar del oficialismo; así como Rosaura Méndez, Sonia Rojas y Francisco Nicolás de Liberación Nacional.
Las dudas que generaba Escazú
A lo largo de los años que lleva en discusión el Acuerdo de Escazú, diversos sectores de la economía advirtieron sobre los portillos legales que abre el documento.
Aunque se presenta como un plan para proteger a los defensores del ambiente, sus alcances van más allá y habilitan figuras legales que generan dudas en la población.
Uno de los análisis más críticos lo publicó la Unión de Cámaras (Uccaep), para quienes se trata de un documento inconstitucional con falencias sintetizadas en cinco áreas:
- Carga de la prueba: se invierte el principio de inocencia. Ya no son los denunciantes quienes deben demostrar el daño sino los denunciados probar su inexistencia.
- Protección: se establecen medidas cautelares para los denunciantes sin margen para los acusados.
- Reiteración: no trae nuevos aportes a los derechos de acceso a la información o participación ciudadana.
- Intimidad: se amplía el acceso a los datos sin contemplar los derechos a la intimidad que destaca la Constitución.
- Falta de claridad: incluye referencias como “autoridad competente” que dejan abiertas las interpretaciones legales, pudiendo generar incluso la intervención de entes privados en las decisiones públicas.
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Los gremios de industria, alimentación, turismo, construcción, ganadería y exportación también advirtieron sobre los efectos negativos que tendría la normativa.
Incluso la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (AmCham) advirtió que el Acuerdo podría desalentar las inversiones estadounidenses, claves en la economía nacional.
El Poder Judicial también rechaza el Acuerdo de Escazú pues no hay recursos para las nuevas responsabilidades que le impone (Alonso Solano/ El Observador)
Costa Rica fuera del plan que vio nacer
El Acuerdo de Escazú fue impulsado por Costa Rica y Chile desde el 2015.
El documento fue firmado por 24 naciones pero requiere de la ratificación legislativa en cada uno de ellos.
Para el caso costarricense, los diputados lo ratificaron en primer debate en 2020 pero la Sala Constitucional anuló el proceso por defectos formales.
No obstante, el Gobierno del expresidente Carlos Alvarado lo promovió reiteradamente. El exmandatario llegó a acusar al sector empresarial de “sobredimensionar” sus temores.
Mientras ello ocurría a nivel local, en la región varios países fueron aprobándolo y cuando se llegó a 12 ratificaciones en el 2021, el Acuerdo entró en plena vigencia.
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De momento lo han votado Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Uruguay y México. Por América Central estarán Nicaragua y Panamá.
Además lo ratificaron los estados caribeños de Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía.
En ese lapso, además, la ONU ha lanzado diversos mensajes de presión a Costa Rica para adoptar el Acuerdo de Escazú.
El Acuerdo de Escazú fue promovido sobre todo por las Administraciones del PAC (Archivo)
