La Defensoría de los Habitantes externó su preocupación por el manejo y la contención de la pandemia en el Centro Penitenciario del Adulto Mayor, por la vulnerabilidad clínica de esta población privada de libertad.
Ante esto, la institución dirigió una solicitud de información a las autoridades de dicho centro penal, con el objetivo de conocer, entre otras cosas:
- Número de pacientes positivos, sospechosos, aislados.
- Número de personas fallecidas por COVID-19.
- En qué fecha apareció el primer caso por COVID-19.
- Cantidad de pruebas realizadas para personas del centro.
- Cantidad de personal clínico destacado en el centro y horario de atención.
- Informar si personal de salud del centro ha resultado positivo por COVID-19.
- Informar si se dispone de plan/ protocolo específico para la población en vista
del perfil de la misma. - Informar cuántos pacientes –personas privadas de libertad- han sido remitidos a los Hospitales de la CCSS por diagnóstico por COVID-19 de ese centro.
- Disponibilidad de implementos de aseo y equipos de protección personal, entre otros.
Asimismo, este ente defensor solicitó información acerca del apoyo recibido por parte del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) u alguna otra entidad, tanto para la reubicación de la población, así como para la atención directa e implementación de las medidas de protección, especificar las acciones realizadas.
Se consultó al Ministerio de Justicia y Paz sobre la solicitud hecha por parte de la Defensoría de los Habitantes, y su oficina de prensa indicó que la institución ha mantenido una política de rendición de cuentas y darán las respuestas del caso en el momento oportuno.
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Vigilancia constante
A inicios de esta semana, la viceministra de Justicia, Diana Posada, explicó en entrevista con El Observador, que de manera continua el personal médico de los centros penitenciarios realiza rondas para vigilar los síntomas de las personas infectadas , lo que ha permitido ir estableciendo las recuperaciones.
«Esto no significa que se les deja de acompañar y darles un seguimiento. Hay que garantizar que estén bien desde el punto de vista de salud», detalló la jerarca, quien explicó que se hace monitoreo de temas como signos vitales, temperatura y medicación para asegurar la salud de las personas de los centros penales del país.
De acuerdo a la estadística del Ministerio de Justicia, para el pasado lunes eran 183 las personas privadas de libertad que se mantenían con el virus activo, 12 de los cuales se mantienen hospitalizadas.