Con 54 votos a favor, los diputados aprobaron un informe final tras la investigación realizada en el Congreso por el escándalo sucedido en torno a las pruebas FARO del Ministerio de Educación Pública (MEP).
Esto implica, recomendar a la Contraloría General de la República investigar las presuntas irregularidades por parte de funcionarios involucrados con el fin de imponer sanciones como destitución o inhabilitación para ejercer cargos públicos.
En el documento, se indica que quedó constatado que la elaboración de pruebas nacionales recae sobre la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad (DGEC) del MEP a cargo de Melania Brenes, viceministra de educación en ese momento.
Ella renunció en noviembre de 2021 tras el escándalo por estas pruebas.
El documento también señala a Florlenis Chévez de esa dirección a finales de 2019, quien alegó que las pruebas serían un instrumento para recoger información para
completar y correlacionar los resultados de los distintos estudiantes.
“Además, la Sra. Florlenis Chévez Ponce subrayó que las personas que participaron directamente en la construcción y variación del cuestionario fueron: Ana Balbina Conejo Flores, Roylan Matarrita Baltodano, José Joaquín Rodríguez Chaves, Rosa Mendoza Mondragón y Fabián Calvo Brenes, estadístico de la Dirección”, detalla el documento aprobado
“También señaló que don Pablo Mena, ex director de la DGEC del MEP y la ex viceministra académica Melania Brenes fueron los encargados de aprobar este cuestionario de ‘Factores Asociados'”, amplió.
El documento final destaca como reprochable que la exministra Giselle Cruz, eludió responsabilidades al alegar conocimiento sobre la elaboración de estos exámenes.
Los legisladores también aprobaron solicitarle a la Procuraduría de la Ética si se cometieron faltas a la ética y probidad.
En tanto, se recomienda a la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) a realizar una investigación para determinar el posible incumplimiento de la Ley de Protección de Datos, posiblemente vulnerada en perjuicio de los menores de edad.
Las pruebas FARO tuvieron ¢2.319 millones en presupuesto para su elaboración, incluyendo consultorías, impresión de cuadernillos e impresión de hojas lectoras.
Polémicos cuestionarios
La primera tanda de pruebas FARO se aplicó a niños en edad escolar. Según se reportó, fueron 77.000 niños de quinto grado (11 años de edad), quienes debieron enfrentar el cuestionario.
Ante la ola de críticas el MEP salió inicialmente en su defensa durante noviembre mediante las bondades de la prueba.
Estos cuestionarios llevaron a Cruz y Brenes a presentar su renuncia 48 horas después de aplicada la prueba de factores asociados.
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“Hubo un error en su elaboración, pues se obvió que una prueba tan larga era inadecuada para ser aplicada a niños y niñas de 11 o 12 años. Y que algunas preguntas no se formularon adecuada ni oportunamente”, dijo Cruz en ese momento.
Una medida cautelar ordenó mantener el material, que podría ser exigido de vuelta por las familias, pero de manera temporal el MEP decidió depositarlo ante los tribunales.
La actual ministra Anna Katherina Müller, eliminó las pruebas FARO tras las solicitudes enviadas al Consejo Superior de Educación.
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