Un grupo de diputados busca la manera de lograr un consenso para reformar la Constitución Política y que se establezca la conectividad como derecho humano.
El Plenario mantiene en discusión la reforma mediante el expediente 22.617: “Adición de un Párrafo al Artículo 33 de la Constitución Política para reconocer como Derecho Humano la conectividad, tecnologías de información y telecomunicaciones, con acceso universal en todo el territorio nacional”.
Hay cinco mociones de fondo presentadas a este plan, de las cuales solo se ha sometido a votación la primera cuyo resultado fue el rechazo. El resto se deben conocer en el transcurso de este 2023.
José Joaquín Hernández, legislador verdiblanco indicó que se busca un consenso alrededor de la moción 4 impulsada por la socialcristiana Vanessa Castro.
Hernández confía en que se concrete un acuerdo para que “podamos darle a los costarricenses ese nuevo derecho del mundo actual, que es un mundo digital, que requieren tener esa herramienta para poder aspirar a mejores oportunidades”.
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El liberacionista apuntó a que hay zonas del país donde sus habitantes no tienen acceso a internet “como sí tienen otros”, generando discriminación.
Sofía Guillén, congresista por el Frente Amplio también se refirió a la búsqueda de un acuerdo alrededor de este proyecto de ley.
“A que más adelante, podamos encontrar un consenso porque es un proyecto que realmente es necesario, no va solucionar problemas de conectividad pero, es una reforma constitucional que marca un norte, una obligación y un impulso de políticas públicas”, declaró.
Picadillo de chayote sin sal
La fracción del Partido Liberal Progresista (PLP) abiertamente se opone a esta reforma constitucional en defensa del artículo 33 de la Carta Magna.
Eli Feinzaig, líder de la bancada, reconoció que este articulado, aunque si bien es sencillo, tiene una importancia tal que garantiza que toda persona es igual ante la ley.
De esta manera, consideró que no se puede incluir dentro de ese artículo lo relacionado con conectividad y explicita porque expertos en esta materia, recomendaron incluirlo en el artículo 24 de la Carta Magna.
“El artículo 33 con su simpleza, es de una profundidad filosófica y no se debe de tocar ese artículo 33, no se debe reformar ni echarle agua a la sopa del artículo 33”, afirmó.
“No permitamos que hagamos de la Constitución, un picadillo de chayote sin sal, no permitamos hacer de la Constitución Política un documento ilegible un documento que no garantiza lo que tiene que garantizar por estar echándole a cada rato condimentos que no van en esa receta”, dijo Feinzaig.
El plan
La propuesta busca adicionar un párrafo al artículo mencionado que indicaría lo siguiente:
Toda persona tiene el derecho humano a la conectividad, tecnologías de información y telecomunicaciones, con acceso universal en todo el territorio nacional. El estado garantizará, protegerá y preservará ese derecho. La ley regulará esta materia.
El proyecto lo presentó la exdiputada Paola Valladares en agosto de 2021 y fue firmado por otros 42 exlegisladores como muestra de apoyo a la propuesta.
La moción 4 liderada por Castro modifica algunos aspectos de fondo pero, particularmente aquel que en vez de incorporarse como un párrafo, lo agrega como artículo 33 bis; además porque lo elimina como derecho humano para convertirlo en derecho fundamental.
Esta enmienda dice:
“Artículo 33 bis. Toda persona tiene el derecho fundamental al acceso a las telecomunicaciones, y tecnologías de información y comunicaciones en todo el territorio nacional. El Estado garantizará, protegerá y preservara este derecho.
Castro destacó que sus alternativas buscan una mejora en la redacción, sin menoscabo de que se logre construir un texto superior.
“Estamos claros en que no hay un solo diputado o diputada aquí sentados que no tenga claro la necesidad de que nuestro país sufra o continúe sufriendo una transformación digital”, reconoció.
Por su parte, el verdiblanco insistió en que ese consenso debe lograrse con tal de plasmar en la Constitución ese derecho que permita a su vez, mejores políticas públicas.
“Estamos en conversaciones estoy seguro que tenemos la mejor voluntad para que al iniciar el 2023 encontremos ese camino y podamos ayudar al país en esta materia”, continuó.
Por el contrario, la propuesta del diputado Feinzaig es que se deseche este expediente y se presente un nuevo proyecto de ley, donde se incorpore este derecho en otro artículo.
“Hagámosla bien hecha, no corramos, no manoseemos el artículo 33 de la Constitución para meterle cosas que no van ahí, cosas que son importantes pero, que no van ahí”, defendió el liberal.
Eli Feinzaig expuso sus argumentos para oponerse a la reforma constitucional.