Diputados de varias bancadas legislativas presentaron una moción para eliminar pluses y aumentos salariales, nombramientos y beneficios que impliquen desembolso de fondos públicos en las convenciones colectivas.
Dicha moción se busca introducir al plan de Empleo Público que se discute en la Comisión Legislativa de Gobierno y Administración.
Las convenciones continuarán gozando de la categoría de derecho aunque, con varias aclaraciones conforme a lo establecido en la Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, según la propuesta.
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En esa legislación se establece que cuando la relación deuda-PIB sea de un 50% se pueda volver a negociar conforme a los privilegios. Así lo detalló Luis Fernando Chacón, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) y uno de los firmantes de la moción.
“Queremos poner en la ley que no podrían negociarse en un futuro como aumentos salariales, pluses, creación de plazas, etcétera”, recalcó.
“Lleva un párrafo donde todo lo que se tenga que discutir en un futuro, tiene que guardar razonabilidad, proporcionalidad, justicia financiera, responsabilidad presupuestaria, que son principios que fueron dejados de lado a pesar de que son principios constitucionales”, agregó el liberacionista.
Además de Chacón, la enmienda fue firmada por el oficialista Víctor Morales y los independientes Zoila Rosa Volio y Jonathan Prendas.
El caso más reciente de convenciones colectivas es la de Recope con un costo de 12.000 millones de colones anuales.
Futuras negociaciones
El grupo de congresistas tiene claro que las observaciones que pretenden introducir serán reglas para la negociación de futuras convenciones colectivas.
Es decir, no podrán aplicarse a las que ya están en función.
“Por las vigentes a hoy hay dos salidas, una es esperar a que la Sala Constitucional se pronuncie si están denunciadas y la otra vía es esperar que el plazo venza”, recalcó el liberacionista.
Con estos movimientos, los congresistas pretenden erradicar abusos que se fueron agregando con el tiempo en estas convenciones colectivas.
Por tanto, quieren que sean instrumentos de defensa de derechos del trabajador relacionados con pago de horas extra cuando así amerite, cumplimiento de la jornada laboral, garantía de que el patrono brinde las herramientas de trabajo.
Además, derechos de capacitación, vacaciones profilácticas, entre otros.
Casi 500 mociones
Sobre el plan de empleo público hay 474 mociones presentadas que forman parte del segundo paquete de propuestas para modificar la iniciativa.
“Se está trabajado en ordenarlas por tema para tener un intercambio con los diputados de la Comisión con la finalidad de buscar acuerdos”, dijo Víctor Morales, diputado oficialista y presidente de la Comisión de Gobierno y Administración.
Para avanzar con este paquete de mociones, habrá sesiones extraordinarias que podrían comenzar la próxima semana, puntualizó Morales.
“Lo ideal es sacarlo lo antes posible”, reconoció.
Dentro de las propuestas están la de volver la rectoría de empleo público a manos del Ministerio de Planificación y el nombramiento del Director General del Servicio Civil por parte del presidente de la República
Adicionalmente, se busca excluir a las universidades públicas del ámbito de aplicación de la Ley de Empleo Público, la introducción de licencias de paternidad y ampliar las de maternidad.
Este es uno de los proyectos clave para concretar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio de un préstamo por $1.750 millones.
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