Hermes Solano
Por unanimidad, con el voto de los 43 diputados presentes en el Plenario, la Asamblea Legislativa le dio luz verde al expediente 23.701, que es una reforma al artículo 32 de la Constitución Política para permitir la extradición de costarricenses vinculados al terrorismo o narcotráfico.
Esta iniciativa, presentada por el oficialismo en mayo de 2023, tramitó muchos meses sin discusión, hasta que se reactivó en estas sesiones extraordinarias.
Luego de tres sesiones de Plenario, se votó la admisibilidad, lo que permitirá que una comisión discuta y analice los alcances, antes de emitir un informe al Plenario.
Tras la votación, el presidente legislativo, Rodrigo Arias, señaló el paso a seguir.
“Se debe conformar una comisión especial, esta debe ser integrada por tres, cinco o siete diputados. La elección se realizará el próximo miércoles 29 de mayo”, indicó el diputado, quien pidió a los jefes de fracción remitir los nombres de las personas interesadas en ser parte del órgano legislativo.
Una vez se rinda el informe, se debe someter a un primer debate de primera legislatura y enviarlo a consulta a la Sala Constitucional.
La reforma pretende permitir que los ciudadanos costarricenses, ligados al narcotráfico o terrorismo puedan ser enviados a otras jurisdicciones en caso de que los requieran por ese tipo de delitos.
OBSERVE MÁS: Extradición de costarricenses tiene el apoyo para admitirse y que se discuta en la Asamblea
(Foto Archivo / Asamblea Legislativa)
Apoyo y dudas
La propuesta tuvo el apoyo de todas las fracciones; que externaron también muchas dudas alrededor del tema. Aprobaron la admisibilidad para que se puedan discutir los alcances y se clarifique el panorama.
“Los diputados hemos tomado la decisión de votar favorablemente la admisibilidad para que la comisión pueda investigar a fondo y analice la intención del constituyente original”, señaló Eli Feinzaig, del PLP.
Una de las principales dudas es si se está generando una disminución de derechos del ciudadano al aplicar esta reforma parcial.
“Sería peligroso permitir la disminución de derechos mediante una reforma parcial de la Constitución. Hay que entender si sí o no esta reforma vendría a limitar o reducir los derechos de los costarricenses”, explicó el del PLP.
Desde el Frente Amplio, el diputado Jonathan Acuña fue claro en que el tema tiene implicaciones significativas y que se deben tomar en cuenta, por eso anunció que la bancada votará a favor en pro de escuchar a la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la República, así como a los entes de seguridad y migración.
“Tiene implicaciones significativas, porque lo que estamos discutiendo pasa por dos niveles; uno, si implica una restricción de derechos, no podría ser realizado a través de una reforma parcial en la Constitución Política”, dijo el diputado.
“Otra es si el mecanismo resulta efectivo, con experiencias de otros países, para combatir el crimen”, añadió.
Los diputados del PLN, Danny Vargas y Gilberth Jiménez, también mostraron su apoyo a la admisibilidad de la reforma constitucional.
“No se trata de una reforma menor. Me atrevería a decir que sería la más importante que se ha hecho en el país desde 1949. Es una posible solución para bajar los niveles de inseguridad en el país”, indicó Vargas.
