“También invito con respeto al Congreso a aprobar el acuerdo global forjado en Escazú”.
Esta fue la primera petición realizada por el presidente saliente Carlos Alvarado, a la Asamblea Legislativa que recién este domingo inició funciones.
Sin embargo, la solicitud no tiene respaldo en cinco de las seis fracciones que conforman el Congreso.
Eli Feinzaig, jefe de fracción del Partido Liberal Progresista (PLP) consideró que Alvarado da aleteos de ahogado con este tema.
“Él quiere un último impulso de su agenda muy personal, yo si bien, nuestro partido cree que hay que prohibir la explotación y exploración petrolera y del gas, hemos sido críticos de haber convertido la política ambiental en una política de diplomática internacional para conseguir puestos públicos en instituciones internacionales para los funcionarios que se van retirando y eso es lo que él está pretendiendo”, criticó Feinzaig.
Amplió que la mayor parte del contenido del Acuerdo ya está vigente mediante leyes de la República, sin embargo, lo que se pretende agregar sería nocivo.
“Serían una traba monumental para cualquier desarrollo de proyecto de construcción o infraestructura”, afirmó.
Desde el oficialismo también se oponen rotundamente a este Acuerdo. Pilar Cisneros, jefa de fracción de Progreso Social Democrático (PPSD), afirmó que el presidente electo, Rodrigo Chaves, ya advirtió que no apoyará este plan.
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“La posición nuestra es que no. El futuro presidente Chaves dijo que no y nosotros no estamos de acuerdo con una serie de puntos”, afirmó.
En tanto, Fabricio Alvarado de Nuestra República externó la oposición de la bancada para este fin.
“Hemos manifestado estar en contra de este acuerdo por las muchas consecuencias que podría traer, incluso para el sector productivo”, declaró.
Para la Unidad Social Cristiana (PUSC) no es una posibilidad respaldar el Acuerdo de Escazú.
“Ya Costa Rica tiene los suficientes requisitos y trámites en temas ambientales, que otros países no tienen y que podrían necesitar el Acuerdo de Escazú, pero no es nuestro caso”, afirmó.
Lo apoyan
Por el contrario, solo Jonathan Acuña, jefe de fracción de Frente Amplio respaldó el plan. Tanto así, que lo impulsará en la Asamblea Legislativa.
“Nosotros estamos completamente de acuerdo con acuerdo de Escazú”, manifestó.
El Acuerdo de Escazú se presentó bajo el argumento de proteger ambientalistas y garantizar el acceso a información pública pero incluyó graves portillos contra la seguridad jurídica.
Diversos sectores económicos han advertido de los riesgos que acarrearía. Uno de los análisis más críticos lo publicó la Unión de Cámaras, para quienes se trata de un documento inconstitucional con falencias sintetizadas en 5 puntos:
- Carga de la prueba: se invierte el principio de inocencia. Ya no son los denunciantes quienes deben demostrar el daño sino los denunciados probar su inexistencia.
- Protección: se establecen medidas cautelares para los denunciantes sin margen para los acusados.
- Reiteración: no trae nuevos aportes a los derechos de acceso a la información o participación ciudadana.
- Intimidad: se amplía el acceso a los datos sin contemplar los derechos a la intimidad que destaca la Constitución.
- Falta de claridad: incluye referencias como “autoridad competente” que dejan abiertas las interpretaciones legales, pudiendo generar incluso la intervención de entes privados en las decisiones públicas.
El presidente también le pidió a los diputados aprobar hidrógeno verde en segundo debate, alfabetización digital, ampliación de la carretera a Limón y préstamo con el BCIE para el tren eléctrico.
Solo el Frente Amplio se mostró a favor del Acuerdo de Escazú. (Cortesía Asamblea Legislativa)