Los diputados acordaron eliminar el costo por licencias para el cultivo de cáñamo mientras que las de cannabis medicinal con fines terapéuticos serán establecidas por el Poder Ejecutivo.
A cambio, planean un impuesto de 5% sobre las utilidades generadas por las producciones de dicha planta.
Ese cambio forma parte de lo autorizado en la Comisión de Ambiente, donde aprobaron un texto sustitutivo consensuado entre varias fracciones legislativas.
Zoila Rosa Volio, es la diputada que lidera la iniciativa y está de acuerdo con las modificaciones realizadas a su plan.
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En su criterio, se mejora la iniciativa al imponer el tributo porque se compensa con la eliminación del costo de la licencia y con ello, se generan ingresos frescos al Estado sin que ello implique un desembolso por parte de la ciudadanía.
En el documento original, se establecían licencias de entre $100.000 y $300.000 pero ahora, el artículo 32 indica la tarifa del tributo.
Artículo 30.- Creación de impuesto. Se establece un impuesto sobre las rentas obtenidas por la realización de actividades autorizadas para el cannabis de uso médico terapéutico y el cáñamo de uso industrial o alimentario, por parte de personas físicas personas jurídicas de derecho privado.
“La construcción que hicieron es positiva, mi proyecto era una propuesta básica para elaborar algo permeable y haga cambio de paradigma en el país”, manifestó Volio.
Con respecto del tributo, Volio señaló que servirá para aspectos de control por parte de instituciones como el Ministerio de Seguridad Pública, pero a la vez, para sacar del mercado ilícito a personas que en la actualidad, se las ingenian para conseguir productos con fines medicinales.
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Diputada independiente, Zoila Rosa Volio, impulsa la iniciativa. Foto: Asamblea Legislativa.
Autoconsumo pero sin antecedentes
Otras modificaciones tienen que ver con permitir el autoconsumo y autocultivo para fines medicinales.
Sin embargo, se introdujo que personas con antecedentes penales, no puedan obtener ni licencias ni autorización para la modalidad de autocultivo.
El nuevo artículo 11, establece que no podrán otorgarse los títulos habilitantes regulados en la Ley que se pretende a:
- Personas físicas que tengan antecedentes penales o acusaciones presentadas por el Ministerio Público por delitos tipificados en la Ley N° 8204, Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo
- Tampoco a personas jurídicas que hayan tenido participación en estos delitos o cuyos representantes legales, directivos o integrantes de órganos sociales, socios, asociados o beneficiarios finales o quienes aportan su capital o su financiamiento, ya sea directamente o a través de interpósita persona, tengan dichos antecedentes o se encuentren acusados por tales delitos
- Finalmente, jerarcas y funcionarios del Instituto Costarricense sobre Drogas, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), o el Ministerio de Salud, sus familiares hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad o las personas jurídicas en las que estas personas sean representantes legales, directivos o integrantes de órganos sociales, socios, asociados o beneficiarios finales, ya sean directamente o a través de interpósita persona física o jurídica
Volio justificó que esta prohibición está presente en otros países donde está permitido el cannabis medicinal.
El proyecto ahora deberá ser sometido a estudio por varias instituciones a través del trámite de consulta. Su análisis continuará en la Comisión de Ambiente, donde deberán recibir personal en audiencia e iniciar el período de mociones.
Infografía realizada por Alonso Solano.