Los diputados enterraron la reforma constitucional que pretendía anteponer el equilibrio financiero sobre la autonomía institucional.
Al tratarse de una reforma constitucional, requiere de la aprobación de tres lecturas realizadas en Plenario las cuales son sometidas a discusión y votación con el fin de ser admitidas para estudio en el Congreso.
No obstante, este miércoles tuvo la votación negativa de la última lectura con 54 votos en contra, por lo tanto no será admitido.
Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa reconoció el interés de personas por hacer esfuerzos para hacer más racional la administración pública costarricense.
“Por el análisis que he realizado no la puedo respaldar por dos razones fundamentales, el principio de equilibrio financiero ya vincula a toda la administración pública en una amplia definición por lo que la reforma resulta innecesaria”, manifestó.
“Dos, de admitirse, por la forma en que está redactada, podría eliminarse sin justificación, el deber de planificación plurianual”, destacó Arias.
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Por su parte, la liberacionista Andrea Álvarez se sumó a los votos en contra para defender la autonomía universitaria y la libertad de cátedra.
“No puedo apoyar ninguna iniciativa que vaya a limitar temas de autonomía universitaria y de otro tipo de instituciones”, señaló.
Álvarez destacó que el plan pretendía otorgar un poder a la Contraloría General de la República (CGR) que no debería tener.
“Nosotros, como representantes del pueblo, tendríamos que pedirle permiso para crear instituciones y si bien es cierto, la Contraloría es un órgano auxiliar sumamente importante de esta asamblea legislativa, jamás podemos delegar nuestra representación en un órgano técnico que además, no fue electo popularmente”, puntualizó la verdiblanca.
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En tanto, Jonathan Acuña, jefe de fracción del Frente Amplio consideró que este plan ponía en peligro la estabilidad institucional de este país.
¿Por qué nació?
Este proyecto lo presentó el exdiputado verdiblanco Wagner Jiménez en octubre de 2020.
Nació a raíz de las conclusiones tras una investigación realizada por 18 meses en la Comisión Especial del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) en el Congreso.
La iniciativa se tramita mediante el número de expediente 22.266 y agregaría lo siguiente al artículo 176 de la Constitución Política:
El principio de equilibrio financiero prevalecerá sobre los principios de las autonomías constitucionalmente garantizadas.
El punto principal de Jiménez, era evitar que los salarios sigan aumentando sin control, como sucedió en universidades públicas.
El proyecto había sido presentado por el exdiputado Wagner Jiménez.