Paula Ruiz
La bancada del Partido Liberación Nacional (PLN) no tendrá una misma línea de votación tanto para la admisibilidad o trámite final en el proyecto de ley que antepone el equilibrio financiero sobre la autonomía de las instituciones.
Algunos legisladores verdiblancos están en contra de la iniciativa 22.266, otros a favor y un tercer grupo, considera que debe de abrirse el debate al respecto.
Al tratarse de una reforma constitucional, tiene un proceso más extenso en el Congreso y primero, requiere del aval para ser admitido a análisis por lo tanto, requiere tres lecturas distintas en Plenario.
La legisladora Andrea Álvarez dijo que en caso de ser sometido a lectura, no votará su admisibilidad.
“Voy a votar en contra para que ni siquiera se entre a la discusión porque me preocupa primero, que tiene que ver con amenaza a las autonomías especialmente la universitaria”, señaló.
“Porque si uno ve la razón de ser de la autonomía universitaria es principalmente para que la universidad pueda ejercer la libertad de cátedra, de pensamiento y libertad de expresión, entonces para garantizar que la libertad de cátedra se de en la práctica ahí entra la autonomía económica, cualquier iniciativa que pueda debilitar esa autonomía económica me preocupa que indirectamente termine afectando la libertad de cátedra”, amplió Álvarez.
Su segundo punto de oposición radica en la potestad para que la Contraloría General de la República autorice la creación o no de nuevas instituciones.
La verdiblanca apuntó a que la Contraloría es un órgano auxiliar al que se le autorizaría básicamente, a legislar.
“De lo que hemos hablado en la fracción hay compañeros en contra, no hay una posición única hay otros que también les preocupa el tema de autonomías municipales, pero hay varios que estamos considerando como en mi caso la admisibilidad, otros que tal vez no tan a favor pero abiertos a que se discuta y otros que van en la línea de apoyo”, contó la diputada.
Por su parte, Gilberth Jiménez legislador de esta bancada, también está en contra por la observación de la Contraloría.
“Lo más absurdo que sea la Contraloría la que autorice la creación de una institución, por Dios, la Contraloría es un entre contralor, auxiliar de la Asamblea y no viene aquí a determinar si se crean o no se crean instituciones”, destacó.
Jiménez se opone porque considera que esta iniciativa no soluciona la problemática del déficit fiscal y el saneamiento de las finanzas públicas.
Por otra parte, la legisladora Paulina Ramírez es otra de las que se sumó en contra del plan.
A su criterio, al eliminar los presupuestos plurianuales por los que tanto luchó cuando fungió como diputada en el periodo 2014-2018 no tendría sentido.
“No podría aprobar que se modifique un artículo don de contiene errores y se pasa por alto algunos temas que ya por Constitución han sido establecidos”, afirmó Ramírez.
Fracciones en contra
La semana pasada, tres fracciones legislativas mostraron su oposición a la iniciativa de ley.
Se trata del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Liberal Progresista y el Frente Amplio.
Eli Feinzaig, vocero del Liberal, indicó que está “pésimamente mal redactado” máxime que elimina el concepto de plurianualidad.
En el PUSC, la jefa de fracción, Daniela Rojas destacó que tras un análisis de los asesores, “más allá de si estamos acuerdo o no, técnicamente está muy malo”.
Rodrigo Arias, presidente del Congreso consideró que en agosto cuando inicien las sesiones ordinarias debería de tomarse una decisión sobre su admisibilidad o no.
Lo anterior, tomando en cuenta que el Poder Ejecutivo retiró de la convocatoria a sesiones extraordinarias este proyecto.
Este proyecto lo presentó el exdiputado verdiblanco Wagner Jiménez en octubre de 2020.
Nació a raíz de las conclusiones tras una investigación realizada por 18 meses en la Comisión Especial del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) en el Congreso.
La iniciativa se tramita mediante el número de expediente 22.266 y agregaría lo siguiente al artículo 176 de la Constitución Política:
El principio de equilibrio financiero prevalecerá sobre los principios de las autonomías constitucionalmente garantizadas
El punto principal de Jiménez, es evitar que los salarios sigan aumentando sin control, como sucedió en universidades públicas.
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