El proyecto de ley denominado “Ley de opciones y naturalizaciones”, que se tramita bajo el expediente 23.800 se devolvió a primer debate, luego de que ya se había votado y estaba listo para el segundo debate.
La fracción del Frente Amplio señaló que el texto tendría roces constitucionales y por eso se busca hacerle cambios.
Rodrigo Arias, proponente de la iniciativa, junto a Danny Vargas, dijo este jueves en la reunión de jefes de fracción que ya se recibieron las observaciones frenteamplistas.
“Se recibieron de parte del Frente Amplio las observaciones al texto, las que están siendo analizadas para mejorar la propuesta. Esperamos que la próxima semana esté listo para abrir la fecha para la recepción de mociones”, dijo Arias.
Al enviarse de nuevo a primer debate, al proyecto se le presentarían mociones vía artículo 137, entonces volvería a Comisión para que se discutan y voten.
“Enviamos las observaciones el martes y nos gustaría que nos compartan las propuestas y ver si hay opción de firmar las mociones en conjunto”, indicó Antonio Ortega, subjefe de bancada del FA.
Esa iniciativa forma parte de la lista de proyectos en materia de seguridad que se han trabajado en el Congreso y que busca soluciones al auge de la criminalidad organizada.
Los problemas
El objetivo de la propuesta es quitar la nacionalidad costarricense a aquellos naturalizados que cometan delitos o formen parte de la delincuencia organizada.
La decisión de retrotraerlo es porque hay bancadas que consideran que en su estado actual la iniciativa es inconstitucional.
Así lo explica la diputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro.
“Tiene varios problemas de técnica legislativa, pero lo más grave que tiene es que descuida el carácter constitucional que está protegido en el artículo 16 de que nuestra nacionalidad no puede quitarse cuando ya ha sido otorgada”, manifestó la legisladora.
“Se puede mejorar el proyecto y por eso se devuelve. En su estado actual es inconstitucional”, recalcó.
El expediente 23.800 busca reformar los artículos 15 y 18 de la Ley de Opciones y Naturalizaciones.
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¿Qué dice la propuesta?
La reforma al artículo 15 determina a quién no se le otorgará la naturalización:
“A la persona que haya sido condenada por delito doloso, con pena privativa de libertad superior a tres años, en Costa Rica o en el extranjero, siempre y cuando la conducta ilícita sea reconocida como tal dentro de la legislación costarricense y el sujeto sea imputable”.
A través de mociones, se modificó el texto original del proyecto y se incluyeron excepciones sobre el impedimento para las siguientes personas:
- Las personas extranjeras reconocidas como Refugiadas que cuenten con antecedentes penales previos al otorgamiento de la categoría de refugio
- Los extranjeros apátridas que cuenten con antecedentes penales previos a la declaratoria de dicha condición por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores
- Las personas asiladas, que cuenten con antecedentes penales previos a la declaratoria de dicha condición de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
Para todos los casos, la excepción no aplica para aquellas personas que cometan delitos dolosos en Costa Rica o en el extranjero con posterioridad o durante el trámite de la declaratoria.
El proyecto también busca reformar el artículo 18, que se refiere a la nulidad de la naturalización que se haya obtenido de manera fraudulenta.
Así está ese artículo:
“Artículo 18- Es nula, de pleno derecho, la naturalización que fraudulentamente haya obtenido un extranjero con violación de los requisitos que dispone esta ley…”
Ese mismo procedimiento se seguirá cuando se compruebe que un extranjero naturalizado haya sido condenado con pena de cárcel superior a tres años o cuente con un proceso de extradición, ya sea en Costa Rica o en el extranjero.