Hermes Solano
El expediente 23.800, denominado “Ley de opciones y naturalizaciones” se devolvió a primer debate, luego de que ya se había votado y estaba listo para el segundo debate y hacerse realidad.
El objetivo de la propuesta es quitar la nacionalidad costarricense a aquellos naturalizados que cometan delitos o formen parte de la delincuencia organizada.
La decisión de retrotraerlo es porque hay bancadas que consideran que en su estado actual la iniciativa es inconstitucional.
Así lo explica la diputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro. “Tiene varios problemas de técnica legislativa, pero lo más grave que tiene es que descuida el carácter constitucional que está protegido en el artículo 16 de que nuestra nacionalidad no puede quitarse cuando ya ha sido otorgada”, manifestó la legisladora.
“Se puede mejorar el proyecto y por eso se devuelve. En su estado actual es inconstitucional”, recalcó.
La propuesta es del presidente legislativo, Rodrigo Arias, junto al diputado Danny Vargas, también de Liberación Nacional.
Ese proyecto estaba incluido como parte de la lista de prioridades en materia de seguridad que se consensuaron entre los tres poderes de la República; sin embargo, por ahora estará en espera de mejora.
La diputada frenteamplista es enfática en que hay que aclarar los términos dentro de la propuesta para evitar que sea inconstitucional y también violatorio de los derechos humanos.
“En los casos donde se ha mentido u ocultado información se pueda anular el trámite, pero cuando tiene consolidada la nacionalidad no se le puede quitar”, dijo.
La propuesta
El expediente 23.800 busca reformar los artículos 15 y 18 de la Ley de Opciones y Naturalizaciones.
La reforma al artículo 15 determina a quién no se le otorgará la naturalización:
“A la persona que haya sido condenada por delito doloso, con pena privativa de libertad superior a tres años, en Costa Rica o en el extranjero, siempre y cuando la conducta ilícita sea reconocida como tal dentro de la legislación costarricense y el sujeto sea imputable”.
A través de mociones, se modificó el texto original del proyecto y se incluyeron excepciones sobre el impedimento para las siguientes personas:
- Las personas extranjeras reconocidas como Refugiadas que cuenten con antecedentes penales previos al otorgamiento de la categoría de refugio
- Los extranjeros apátridas que cuenten con antecedentes penales previos a la declaratoria de dicha condición por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores
- Las personas asiladas, que cuenten con antecedentes penales previos a la declaratoria de dicha condición de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Para todos los casos, la excepción no aplica para aquellas personas que cometan delitos dolosos en Costa Rica o en el extranjero con posterioridad o durante el trámite de la declaratoria.
Por su parte, el proyecto también busca reformar el artículo 18, que se refiere a la nulidad de la naturalización que se haya obtenido de manera fraudulenta.
Así está ese artículo:
“Artículo 18- Es nula, de pleno derecho, la naturalización que fraudulentamente haya obtenido un extranjero con violación de los requisitos que dispone esta ley…”
Ese mismo procedimiento se seguirá cuando se compruebe que un extranjero naturalizado haya sido condenado con pena de cárcel superior a tres años y/o cuente con un proceso de extradición, ya sea en Costa Rica o en el extranjero.
Mejorarlo
Al enviar el proyecto de nuevo a primer debate, las fracciones buscarán hacerle cambios al texto, en pro de avanzar y poder votarlo nuevamente.
Eso se hará luego del 1 de abril cuando los diputados vuelvan a sus funciones, ya que están en receso por Semana Santa. En reunión de jefes de fracción deben incluir el expediente en la agenda.
