La próxima semana los diputados analizarán si resellan o acogen el veto parcial del Poder Ejecutivo la Ley de Sostenibilidad del Depósito Libre de Golfito.
La razón del veto parcial se debe a que “dentro del Decreto Legislativo N°10.311, se otorga una prórroga automática por tres años a los actuales concesionarios, esto sin tomar en cuenta que existen procesos iniciales de licitación pública para las concesiones del Depósito Libre de Golfito”, según expuso el Gobierno.
Kattia Rivera, jefa de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), expuso este jueves ante los líderes de las cinco bancadas restantes, que su compañera Sonia Rojas, tiene el interés de presentar una moción para el resello.
“Estamos viendo algunos temas con nuestro compañero (de Puntarenas, Carlos Andrés Robles), pero estaríamos de acuerdo en que se pueda ver el tema”, destacó Daniela Rojas, vocera de los socialcristianos.
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En tanto, Kattia Cambronero, subjefa de fracción del Liberal Progresista, advirtió que debería de generarse un transitorio puesto que en marzo de 2022 iniciaron procesos de licitación para espacios en el Depósito.
“Lo que curre es que iniciaron licitación en marzo de 2022 y se traslapan los procesos, habría que generar un transitorio, pero sería bueno que lo conocieran los diputados de Puntarenas y la diputada Rojas que es la proponente del proyecto”, dijo Cambronero.
Tomando en cuenta que la iniciativa tuvo una dispensa de trámite y por tanto, no tuvo un proceso en una comisión legislativa, sino que directamente en Plenario, sería en este órgano el único disponible para realizarle cambios al texto, expuso Gloria Navas, vicepresidenta del Congreso.
“Cierre técnico”
La diputada Rojas, apuntó a que con el accionar del Gobierno, se estaría ante un cierre técnico del Depósito Libre de Golfito.
“Porque no tendíamos tiempo para las concesiones o se desafecten las concesionarios que actualmente se encuentran ocupando los locales ya que eso es un proceso engorroso de al menos un año y medio o dos años, que estarían en proceso de desafectación para entrar nuevamente al proceso de licitación y eso ocasionaría un cierre técnico del Depósito”, señaló.
“Necesitamos resellar esa ley para darle continuidad por 3 años a los concesionarios, mientras que el Poder Ejecutivo como así lo dijo en un momento, iba a presentar un proyecto de ley”, afirmó Rojas.
La liberacionista admitió que la Comisión de Puntarenas está valorando criterios técnicos para considerar o no una modificación.
El Gobierno, planteó a la Asamblea Legislativa, una propuesta de transitorio único donde clarifica cuáles concesiones podrían ampliarse tal cual lo busca la Ley.
“No se previó que las licitaciones públicas ya habían iniciado y que las mismas adquieran firmeza antes de la prórroga automática (06 de mayo del 2027) o estando en marcha dicha prórroga automática para los concesionarios antiguos, las concesiones de los procesos licitatorios adquieran firmeza, el conflicto de intereses entre los nuevos y actuales concesionarios”, señaló Casa Presidencial.
Pese a ello, la verdiblanca defiende que Golfito y la Zona Sur están en una situación crítica dado que el Depósito es el motor de desarrollo de esta región, por lo tanto, no podrían esperar más. Según Rojas, la situación actual en estos lugares se agravó el fin de semana por los efectos indirectos de la tormenta tropical Julia.
Según Rojas, sí están los 38 votos necesarios para el resello. Razón por la cual, expuso que no se trata de una lucha entre ambos poderes.
“Las cosas urgen, la seguridad jurídica y urge garantizar ese aporte y desarrollo económico igual que el 9-1-1 son cosas de emergencia, no es que uno quiera resellar solamente por llevarle la contraria al Gobierno, para nada, son solamente cosas que prácticamente están en estado de emergencia”, puntualizó.
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De esta manera, se estaría garantizando tranquilidad a al menos 700 personas empleadas en el Depósito y otras 5.000 fuentes de empleo indirectas.
“Les podemos dar seguridad a esas personas de que van a tener trabajito y que van a llevar comida a su mesa”, concluyó.
Este es el tercer veto que se discutiría en cuestión de dos semanas. El primero de ellos, sobre el veto al sistema de emergencias 9-1-1 cuya discusión inició el jueves 06 de octubre, pero ante una bochornosa sesión, no se votó.
Fue hasta el lunes 10 de este mismo mes cuando el Congreso reselló la iniciativa. En tanto, este jueves discutieron el veto total al expediente 22.221 Ley Orgánica del Colegio de Profesionales de Salud Ocupacional.
En esta ocasión, acogieron el veto y por ende, archivaron la propuesta, ante la imposibilidad de enmendarlo por la ausencia de una propuesta por parte del Ejecutivo.
Mientras que, la próxima semana se acordó analizar este veto.
La diputada Sonia Rojas defendió la propuesta que ella lideró y tuvo el visto bueno del Congreso el 8 de setiembre pasado.