Por primera vez en este cuatrienio, los diputados sesionarán un sábado para votar dos proyectos de ley en segundo debate. Se trata de las iniciativas de flexibilidad laboral y datáfonos.
El Poder Ejecutivo las señala como urgentes ante la emergencia nacional por la COVID-19.
Ayer por la tarde, las jefaturas de fracción se reunieron para determinar aspectos relacionados con la agenda de esta mañana.
Jorge Fonseca, subjefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), confirmó a El Observador que ambas iniciativas estaban en la agenda.
El punto de encuentro se mantiene para Cuesta de Moras, en el escenario legislativo habitual.
Sería hasta la próxima semana cuando trasladen el Plenario de forma temporal, a un espacio apto para cumplir con las condiciones sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud, particularmente la distancia de 1,8 metros entre personas.
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Los proyectos de ley
Los jefes de fracción se reunieron este viernes para afinar agenda y temas relacionados con COVID-19. (Archivo)
El proyecto de flexibilización laboral fue presentado el martes por el Poder Ejecutivo. Pretende autorizar a los patronos a reducir la jornada laboral en hasta un 50%, aunque, deberá comprobar una disminución de al menos un 20% de sus ingresos, producto de los efectos de la COVID-19.
También establece lo siguiente:
- en caso de que la disminución de ingresos sobrepase el 60%, autoriza la reducción temporal de hasta un 75% de las jornadas de trabajo semanal
- la reducción de la jornada es una medida de carácter temporal, que se establecerá por un plazo de hasta tres meses
- la reducción de la jornada de trabajo y la suspensión de los contratos de trabajo no se aplicará a trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia
- en ningún caso podrá utilizarse la reducción de la jornada con fines discriminatorios o como medida o represalia en perjuicio de las personas trabajadoras
El proyecto que busca establecer comisiones máximas por el servicio de datáfonos sería aprobado en segundo debate este sábado. (Freepik/People creations)
En cuanto a datáfonos, la iniciativa fue presentada desde diciembre de 2018 por el oficialista Welmer Ramos.
El proyecto inicialmente no formaba parte de la agenda de emergencia, aunque se colocó tras ser impulsado por Ramos como una medida para ayudar a los comercios a enfrentar la crisis económica que provocará el nuevo coronavirus.
Según el diputado, las comisiones por brindar el servicio de datáfono llegan hasta el 7% en el país, y en Europa no alcanzan ni el 1%.
El Banco Central será la entidad encargada de determinar las comisiones máximas y está autorizado a solicitar toda la información que requiera necesaria a los proveedores de servicio y afiliados.
Otros puntos que contempla el proyecto son:
- las comisiones máximas establecidas por el ente monetario, regirán cada 1 de enero o conforme lo indique este banco en su resolución general
- las revisiones ordinarias se realizarán al menos una vez al año, pudiendo realizar extraordinarias fundamentadas en estudios técnicos
- establece multas por infracciones leves, muy leves y graves
- las multas van desde ¢450.000 hasta ¢90 millones (datos a 2020), esta última por incumplir las comisiones máximas
INS en la mira
Luego de estas propuestas, la iniciativa que seguirá en agenda es el denominado por el Ejecutivo como “Proteger”.
El Gobierno aglutinó cuatro proyectos de ley y sumó uno, relacionado con el Instituto Nacional de Seguros (INS) mediante el cual, busca obtener ¢1 billón.
La lista se compone de:
- PAGAR: traslado de superávits de instituciones autónomas a pago de deuda
- CAF: préstamo por $500 millones con el Banco de Desarrollo de América Latina
- BID: crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo por $350 millones
- Pensiones de lujo: Traslado de recorte a jubilaciones a programas sociales
- INS: se venderán títulos por las utilidades del Instituto Nacional de Seguros de los próximos 12 años
Mientras el resto de proyectos de ley llevan meses haciendo fila en el Plenario, el relacionado con el INS se presentó esta semana y busca sacar provecho a las ganancias proyectadas de la institución.
El plan consiste en emitir títulos por ¢213.000 millones que se venderán en el mercado bursátil, provenientes del INS.
A ese monto se sumará una inversión institucional por ¢75.000 millones, para un total de ¢288.000 millones que la aseguradora trasladará al Gobierno central.
De ser aprobada por los diputados, autorizarán al Ejecutivo a utilizar esos recursos para pagar deudo o bien, para otras obligaciones relacionadas con el nuevo coronavirus.
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