Los diputados aprobaron una moción para incluir a los funcionarios públicos actuales dentro del salario global en la Ley Marco de Empleo Público que se discute a través del expediente 21.336.
La decisión se tomó durante una atropellada sesión de Gobierno y Administración, en la cual la transmisión disponible a través de YouTube, no contó con audio para conocer el desarrollo de la sesión.
El socialcristiano Pablo Heriberto Abarca impulsó la moción para incluir a quienes ya están en la función pública y no solo a los nuevos después de la promulgación de la Ley que se pretende.
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“La moción trata de incluir a todos, establece mecanismos para que no se rebaje salario pero sí se congele si pasa a ganar más y establece la garantía del respeto a contratos. Se establece transitorio para ponerle fin a contratos y evitar indemnizaciones, es una moción que arregla el texto del Ejecutivo que tenía bastantes falencias”, manifestó a El Observador.
La Ley 9635 estableció plazos a la administración para concluir contratos, agregó Abarca.
El diputado defendió que el principio de publicidad se basa en el acta de la Comisión y no por la falta de audio en YouTube. Lo anterior, ante posibles objeciones por lo aprobado.
“En el reglamento de Asamblea está que el principio de publicidad se cumple con el acta, el procedimiento parlamentario existe antes de YouTube”, sentenció.
En contraparte, Jonathan Prendas, congresista independiente, criticó que eso podría incurrir en un vicio de procedimiento.
Propuesta del Gobierno
El foro aprobó el texto sustitutivo impulsado por el Poder Ejecutivo.
Se mantiene el despido en trabajadores públicos si cuentan con dos evaluaciones de 70% o menos durante dos años seguidos.
Así mismo, se incluye un permiso de paternidad por nacimiento de un hijo, pero sin goce de salario.
El ámbito de cobertura de aplicación de la Ley Marco de Empleo Público que se busca, incluiría a:
- Poderes de la República, sus órganos auxiliares y adscritos, así como el Tribunal Supremo de Elecciones
- Sector público descentralizado institucional conformado por: instituciones autónomas y sus órganos adscritos, incluyendo universidades estatales, la Caja Costarricense de Seguro Social, instituciones semiautónomas y sus órganos adscritos y empresas públicas estatales
- El sector público descentralizado territorial conformado por las municipalidades, los concejos municipales de distrito y sus empresas
- Las empresas e instituciones públicas en competencia, las cuáles regirán única y exclusivamente por los principios contenidos en dicha Ley.
Prendas criticó la inclusión de todas las entidades públicas en el proyecto, pese a las observaciones de las instituciones.
Para este miércoles, se espera culminar con el dictamen respectivo, indicó Luis Fernando Chacón, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN).
“Entramos por el fondo y se inició discusión, participaron tres compañeros y hay lista de espera para continuar, una vez que se cumpla discusión por el fondo, someterá a votación el texto”, explicó el congresista.
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