Las entidades bancarias y las que se dedican a las actividades remeseras están expuestas al riesgo de caer en lavado de dinero, legitimización de capitales y financiamiento del terrorismo.
Así se desprende de la reciente Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (ENR) del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
El estudio identificó 10 actividades comerciales que son blanco fácil de dichas actividades ilícitas. Estas son:
- Entidades bancarias
- Remesadoras
- Casas de cambio
- Comercializadoras de activos virtuales
- Entidades comercializadoras de productos tecnológicos financieros
- Prestadores de servicios profesionales de administración de fideicomisos
- Actividades de promoción y compraventa de inmuebles
- Actividades de compraventa de autos, embarcaciones, joyería, piedras preciosas y similares
- Servicios profesionales dedicados a generar apariencia jurídica
- Creación de personas jurídicas y entramados societario
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Entender y reconocer riesgos
Sergio Rodríguez, director del ICD sostuvo que el informe de Evaluación sirve para orientar las políticas públicas y acciones que debe seguir el Estado en la lucha contra estos delitos.
“Para prevenir y combatir la legitimización de capitales debemos, primero, entender, reconocer y evaluar los riesgos a que, como país, estamos expuestos, para después alinear esfuerzos interinstitucionales para mitigar esos riesgos”, aseveró Rodríguez.
Acotó que la actualización de dicha herramienta de trabajo es para atender las recomendaciones planteadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi).
“La importancia del ENR, que opera bajo estándares internacionales, es organizar la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo para que todos los países estén alineados en la misma dirección”, apuntó.
Para la OCDE
Las recomendaciones establecidas por Gafi constituyen un esquema de medidas que los países deben implementar para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Otro de los aspectos que deben adoptar las naciones son acciones relacionadas al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Según apuntó Rodríguez, se pretende atender las principales acciones de transparencia y anticorrupción de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
“Traza la ruta para que nuestro país pueda enfrentar los riesgos y amenazas de la criminalidad organizada, priorizando recursos de manera interinstitucional, fortaleciendo el sistema antilavado de Costa Rica”, reseñó Rodríguez.