Tomás Gómez
“Los tratantes someten a mujeres y niños costarricenses a la trata sexual dentro del país, siendo particularmente vulnerables aquellos que viven en las zonas costeras del Pacífico y cerca de las fronteras norte y sur; la normalización de situaciones de explotación, incluida la trata sexual de niños, en estas comunidades aumentó la vulnerabilidad de las mujeres y los niños a la trata”.
Así lo identifican las autoridades de Estados Unidos en el Informe de Trata de Personas del Departamento de Estado 2024.
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El país norteamericano aplica una auditoría global en la materia y aunque se mapean algunas mejoras a nivel nacional, el resto sigue abierto.
Al respecto advierten que siguen dándose casos tanto en suelo local, como de costarricenses afectados en el exterior.
¿Cómo son los tratantes?
La revisión de casos ha deteminado que los tratantes a menudo operan de forma independiente, sin conexión con el crimen organizado, para explotar a las víctimas costarricenses. En muchos casos incluso las víctimas están relacionadas con los tratantes o los conocen.
“Los tratantes explotan a las personas LGBTQI+, incluidas las personas transgénero, en la trata sexual. Mujeres y niñas de Nicaragua, Panamá, República Dominicana y otros países latinoamericanos han sido identificadas en Costa Rica como víctimas de trata sexual y servidumbre doméstica”, recalca el informe.
Además, hace un llamado de atención por posibles casos de explotación en varias actividades agropecuarias.
“Las investigaciones sugirieron que el trabajo forzoso prevalecía en la industria pesquera de Costa Rica”, indica el texto.
“Los tratantes someten a adultos y niños migrantes, principalmente de Nicaragua, a trabajos forzados en la agricultura y al servicio doméstico o a la trata sexual”, amplía.
También se encienden alarmas por la posible utilización de menores
“Las autoridades sospechan que los adultos utilizan a niños para transportar o vender drogas y cometer delitos violentos; algunos de estos niños pueden ser víctimas de trata”, indica el informe.
A la vez, muestra cautela por eventuales casos donde se recluten personas sin hogar para que introduzcan contrabando en las cárceles.
Por internet y en tránsito
La trata también se ve desde la óptica de coyunturas particulares que han golpeado al país en los últimos años.
De la pandemia se resalta que las restricciones movieron algunas de las manifestaciones del problema.
“Los tratantes comenzaron a explotar a las víctimas de la trata sexual en apartamentos y otras residencias privadas, así como en lugares más típicos como bares y burdeles”, menciona el documento.
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También subraya una preocupación por los flujos migratorios que atraviesan el territorio.
“Los tratantes se aprovechan de los migrantes, algunos en camino a Estados Unidos, desde otros países de Centroamérica, el Caribe, la República Popular China y América del Sur. La explotación y el abuso sexual infantil extraterritoriales son un problema grave, y los perpetradores llegan en su mayoría de Estados Unidos y Europa”, añade el informe.
Esfuerzos
El diagnóstico de Estados Unidos pone la situación en la perspectiva de que si bien aún no se llega a los estándares mínimos, Costa Rica mantiene esfuerzos para alcanzarlos.
Entre los avances, se destacó la asignación de recursos para el programa de prevención por primera vez en tres años; más procesamiento de tratantes y entrega de servicios a las víctimas.
En contraposición, se señala inadecuado financiamiento, que además choca con obstáculos burocráticos para acceder a los fondos disponibles.
Recomendaciones contra la trata
Según el capítulo de Costa Rica, se deberían tomar medidas como:
- Incrementar la identificación y atención de víctimas
- Aumentar el financiamiento para los servicios a las víctimas y proporcionar refugio y servicios especializados.
- Capacitar a fiscales locales para reconocer casos de trata.
- Intensificar los esfuerzos para investigar y procesar los delitos de trata, incluido el trabajo forzoso y la explotación y abuso sexual infantil extraterritorial. De la misma manera, buscar penas adecuadas para los tratantes condenados, que deberían implicar penas de prisión significativas.
- Reducir los obstáculos burocráticos para el desembolso de fondos asignados a combatir el problema.
- Financiar e implementar el plan de acción judicial para mejorar la investigación y el procesamiento de los casos de trata.
- Reducir aún más la acumulación de casos de trata en el sistema judicial.
- Llevar a cabo investigaciones penales exhaustivas y transparentes y procesar a funcionarios gubernamentales cómplices de delitos de trata.
- Incrementar la capacitación contra la trata para policías, jueces y funcionarios municipales, especialmente sobre la derivación de víctimas al Equipo de Respuesta Inmediata (ERI).
- Mejorar la recopilación de datos sobre los esfuerzos judiciales, policiales y de protección de las víctimas.
