Rodrigo Díaz
Eliminar la vacunación obligatoria para los empleados públicos, no es tan sencillo como firmar un decreto y que se publique en el dario oficial La Gaceta.
Expertos consultados por El Observador, coinciden en que es necesario un acuerdo de la Comisión Nacional de Vacunación para llevarlo adelante.
Por otro lado, diferentes gremios y organizaciones de trabajadores de la salud se oponen a las medidas que desea adoptar el nuevo Gobierno.
El domingo, tras el Consejo de Gobierno, el presidente Rodrigo Chaves, junto con la ministra de Salud, Joselyn Chacón, firmaron dos decretos para eliminar el uso de las mascarillas y la vacunación obligatoria de funcionarios públicos.
No obstante, este lunes, la ministra de la Presidencia Natalia Díaz dijo que hasta el martes se darán detalles sobre dichos decretos.
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Leyes deben ser respetadas
“Existe una jerarquía de normas que debería ser respetada. Así pues, tenemos que, conforme la ley 8111, es la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemilogía la llamada a establecer cuáles son las vacunas obligatorias, esto en coordinación con el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social”, explicó la abogada Marcela Acosta, socia de Quatro Legal.
Así lo establece el artículo 3 de la Ley Nacional de Vacunación.
Si bien reconoce que desconoce el texto que se está planteando, la norma es clara en que debe tomarse en cuenta a la Comisión para una decisión de este tipo.
Bajo los mismos términos se expresó Kendall Ruiz, doctor en Derecho Comercial y Procesal Civil.
Señaló que imponer una medida como la de eliminar la vacunación obligatoria, implica respetar temas de legalidad.
“El Poder Ejecutivo, por medio del presidente y Ministerio de Salud, habrían “brincado” facultades que por ley están dadas a la Comisión y ahí se rompería el principio de legalidad”, precisó Ruiz.
Por otro lado, dijo que eventualmente podría analizarse si al firmarse el decreto se cometió el delito del prevaricato (dictar resoluciones contrarias a la ley), cuya sanción sería entre 2 y 6 años de prisión.
Por su parte, el abogado Federico Campos señaló que cabría interponer un recurso de amparo contra el decreto en cuestión por violación al principio constitucional de legalidad.
Esto, porque la ley otorga expresamenta a la Comisión de Vacunación indicar cuáles vacunas son obligatorias, y entre ellas está la del covid-19.
“El decreto le está pasando por encima, está ignorando lo que la ley establece y eso violenta el principio de legalidad, porque violenta esa jerarquía que tiene que respetarse”, puntualizó Campos.
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Criterios técnicos y no politicos
Para la legisladora liberacionista Andrea Álvarez, una medida como la eliminación de la vacunación obligatoria debe estar basada en criterios técnicos y no políticos.
A la luz de la Ley Nacional de Vacunación, cuestionó la legalidad del decreto hasta tanto no exista una exclusión en la lista oficial de vacunas del esquema básico universal.
Álvarez señaló que se abría un peligroso portillo para eliminar otra vacuna.
También le generó dudas, desde el punto de vista de la transparencia, firmar decretos y que no se divulgue su contenido general. Esto genera “incerteza y contrariedad entre la población, y sobre todo, entre quienes deben exigir su cumplimiento”.
Oposición
De hecho, la Unión Médica Nacional, solicitó al Gobierno copia del acuerdo de la Comisión Nacional de Vacunación en que se elimina la vacunación obligatoria contra el covid-19.
Además, solicitó que se envíe copia de los acuerdos epidemiológicos, técnicos y científicos en los que se fundamentó dicha decisión.
El Sindicato Nacional de Médicos Especialistas también mostró su preocupación por la firma del decreto, pero esperará a conocer el decreto para emitir un criterio.
Decisión prematura
En un comunicado de prensa, el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica señaló que tanto la eliminación de la vacunación obligatoria como el uso de mascarillas resultan inoportunos en momentos en que el país muestra un alza en las estadísticas de contagios del virus.
Ambas medidas, según la organización contribuyeron en su momento a reducir el impacto de los contagios y severidad de la enfermedad.
“Somos conscientes que la población está cansada del uso de las mascarillas y a pesar de que hay un mayor porcentaje de población vacunada, la pandemia no ha concluido. Costa Rica está a las puertas de una quinta ola, por lo que lo idóneo hubiese sido esperar el comportamiento que esta tendrá, antes de tomar una decisión como la que se acaba de comunicar”, explicó el doctor Mauricio Guardia Gutiérrez, presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos.
Por su parte, el Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos (CMQC) consideró que los mencionados decretos ejecutivos evidencian desconocimiento sobre los informes epidemiológicos que emanan del Ministerio de Salud y de profesionales en Epidemiología que le llevan el pulso a la pandemia.
Es por ello, que esta organización pidió que se siga utilizando la mascarilla y se continúe con la vacunación para la protección de las poblaciones vulnerables a la enfermedad.
Rodrigo Díaz
