Tomás Gómez
La falta de ¢716 millones provocaría que, por tercera vez, se tenga que postergar la implementación del nuevo Código Procesal Agrario, cuya entrada en vigencia está proyectada para el 28 de febrero.
La normativa se aprobó desde 2018 y se considera una de las más avanzadas de la materia en América Latina. No obstante, la normativa está corriendo la misma suerte que otras reformas legales, como la de Crimen Organizado, que a falta de recursos resulta imposible de aplicar y que por tanto se termina prorrogando.
En el caso de Código Agrario el plan original era que entrara a regir un año después de promulgada. No obstante, en 2020 se hizo una primera ampliación para que el plazo fuera hasta el 2021.
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Dicho margen no alcanzó y en 2021 se dio una nueva reforma. Según esta, la fecha límite sería a finales de este mes.
El escenario, sin embargo, no es favorable y por ello el Poder Judicial pidió una tercera prórroga que ahora está en manos de los diputados. En este caso, la ampliación será de dos años.
“La razón primordial del Poder Judicial de solicitar la vacancia por espacio de dos años más es porque es una legislación aprobada sin contenido presupuestario”, señaló la institución.
“El Poder Judicial solicitó una vacancia de dos años más a partir del 28 de febrero 2023 y hasta el 28 de diciembre 2025”, agregó.
Carrera en la Asamblea
El pedido del Poder Judicial fue acogido en la Asamblea Legislativa, pero ahora corren contra el tiempo para concretar el ajuste.
Varios diputados de la Unidad Social Cristiana (PUSC), junto a la liberacionista Paulina Ramírez presentaron el proyecto de ley.
“El Poder Judicial no está listo aún para la entrada en vigencia y podría traer más bien trabas en el proceso.”, apunta el socialcristiano Alejandro Pachecho.
“Quedan muy pocos días para que entre en vigencia y están muy preocupados en el Poder Judicial; porque no están preparados para poder implementar todo lo que la ley exige”, sumó Ramírez.
El Plenario acordó darle trámite “express”. Esto quiere decir que no se hacen los trámites en comisión y otros procesos, con el fin de votarlo rápido.
En este caso, lo que sí es obligatorio es consultar el texto a la Corte Suprema de Justicia. Tal paso se concretó el lunes y los magistrados avalaron la posición favorable emitida por la Dirección Jurídica.
El paso a seguir es enviar el criterio a los diputados, quienes deberán hacer las respectivas votaciones, esperar la firma del Poder Ejecutivo y la posterior publicación en La Gaceta, un ciclo para que el queda poco tiempo.
¿Por qué es tan importante el nuevo Código Procesal Agrario?
Bajo el Derecho Agrario se cobijan las más diversas actividades productivas. Siembras, terrenos, producción animal y agroindustria son parte de los asuntos que pueden derivarse en estos tribunales.
Pero además de ese impacto directo, el nuevo Código contiene innovaciones clave.
El juez Carlos Picado, Coordinador de la Comisión de Derecho Agrario del Colegio de Abogados, recalca dos de ellos. El primero es que se absorberán muchos asuntos que son de cobro judicial cuando son fincas agrícolas, y el segundo que se podrían resolver temas cuando está de por medio el sector público; ambos ejes, por tanto, desahogarían también otras jurisdicciones.
Aparejado a ello, también se cambiará la manera de juzgar los casos. Hasta ahora, se recurre mucho a los escritos, pero el nuevo Código establece que las audiencias se harán en las propias fincas y bajo oralidad. Esto implica que en una sola visita se puedan abarcar la mayoría de temas y llegar a resoluciones mucho más rápidas.
No obstante, Picado advierte que ese sistema requiere también de recursos para ejecutar toda la logística.
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Además, señala que el plan es ambicioso y requerirá de muchos más jueces. Actualmente, resaltó, hay apenas 31 jueces para todo el país; de ellos 31 atienden juzgados y los otros 6 resuelven las apelaciones.
“Mientras un juez de familia puede hacer hasta 2 o 3 audiencias por día, que se hacen en el juzgado, los jueces agrarios tienen que desplazarse a lugares que son muy remotos en la montaña”, explica.
A ello suma la necesidad de contar con más defensores públicos para el tema Agrario.
En cálculos generales, el experto aduce que los procesos podrían llegar a triplicarse con la nueva normativa.
Ante todo ese panorama, el experto justifica que de no contar con todos los recursos, el impacto más bien podrían terminar por ser negativo.
“El Titanic no se puede poner a navegar con remos. Necesitamos más jueces y el problema es que no hay plata”, puntualizó.
“Si el Código entrara a regir este 28 de febrero sin el presupuesto, lo que es una muy buena intención en el código no tendría el éxito esperado y más bien podría atrasar aún más los procesos”, cerró.
