Hasta la semana pasada los empleados de la Municipalidad de Desamparados tenían privilegios que iban desde pagos por muertes de familiares hasta aumentos por encima de ley.
Una diversa lista de estos beneficios que reconocía la Convención Colectiva, sin embargo, no pasaron el control de la Sala Constitucional.
Según determinaron los magistrados, el acuerdo incluía excesos que se eliminaron de inmediato. Destacan entre ellos:
- Se pagaban ¢150.000 por la muerte de la pareja, los padres y los hijos.
- La Municipalidad pagaba la renovación de licencia y los dictámenes médicos de los choferes.
- Se contaba con una base de 2,5% para los aumentos semestrales de salario.
- Las cesantías superaban los 12 años que permite la ley.
Además, se anuló una serie de gastos sociales que la Municipalidad estaba obligada a incluir en su presupuesto, los cuales abarcaban:
- ¢2 millones para fiestas del Día del Padre, Día de la Madre, Día del Niño, Día del Régimen Municipal y fiesta navideña.
- ¢1,8 millones para comprar útiles para los hijos de los empleados que estén cursando primaria o secundaria.
- ¢1 millón para comprarle implementos deportivos y culturales a los empleados que destaquen en esas disciplinas
- ¢1 millón para una feria de la salud organizada por el sindicato
- ¢2 millones para un proyecto de salud ocupacional que propusiera el sindicato
El voto completo aparecerá en la sentencia 26520-2021 que aún está en preparación.
Sala IV sigue depurando convenciones colectivas
Desde hace dos años la Sala Constitucional arrancó la revisión de las convenciones colectivas del sector público, eliminando los más diversos privilegios.
En el Registro Nacional, por ejemplo, se anularon los beneficios por llegar temprano y en Recope se quitó el servicio de odontología familiar.
En la Imprenta Nacional se dejó de dar feriado el día de cumpleaños y la Municipalidad de Moravia tuvo que dejar de darle útiles escolares a los hijos de los empleados.
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Otro de los puntos más recurrentes han sido los abusos con las cesantías. Estos se presentaban en instituciones autónomas y municipalidades.
Incluso en la del Banco Popular se obligaba a la institución a pagar fiestas y contratar árbitros para los partidos de los empleados. En el caso del Banco Nacional, por su parte, se permitía cobrar la cesantía aún en casos de renuncia.
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