Tomás Gómez
A casi 4 años del estallido del escándalo de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) del gobierno de Carlos Alvarado, la investigación llega al punto clave de revisar los dispositivos electrónicos decomisados a los sospechosos del caso.
Inicialmente se señaló un plazo del 15 de enero al 29 de febrero, ante el Juzgado Penal del I Circuito Judicial de San José.
No obstante, se ordenó trasladar la diligencia a la Fiscalía junto a la Unidad de Cibercrimen del Organismo de Investigación Judicial por un tema de confidencialidad y delicadeza de la información.
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En la resolución respectiva el juez reitera que se deben extraer únicamente los elementos
A ello se suma el elemento tecnológico.
“Dicha herramienta la cual se utiliza única y exclusivamente para este tipo de diligencias, equipo el cual no es posible trasladar a una sala de juicios, a pesar de que el Departamento de Cibercrimen, cuenta con computadoras forenses portátiles, que corren el programa utilizados por ellos denominado ” Plataforma Forense” se estima que una diligencia de esta magnitud puede tardar entre ocho a doce meses como mínimo de la forma que se pretende realizar la misma en este momento”, destaca el pronunciamiento judidicial.
Defensa: “Ya era hora que el proceso avanzara”
Los abogados del expresidente Carlos Alvarado, Róger Guevara y Rodolfo Brenes confirmaron el inicio de las gestiones esta semana.
“Desde hace más de un año, en escrito formal presentado el 9 de enero del 2023 a la Fiscalía, solicitamos -a petición de don Carlos- que se iniciara este proceso de apertura, ya que desde el principio hemos querido demostrar que don Carlos siempre actuó en busca del bienestar de las personas y en ningún momento incurrió en delito alguno ni se afectó a persona alguna”, manifestaron.
“Ya era hora de que el proceso avanzara para que se pueda ratificar su inocencia, como solicitamos hace más de un año”, señalaron.
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