Tomás Gómez
Los abogados del expresidente Carlos Alvarado presentaron este jueves un pedido formal a la Fiscalía Anticorrupción (FAPTA) para que avance en una de las investigaciones que tienen contra su cliente por el escándalo de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
Se trata del subcaso donde se investiga la aparente ilegalidad del decreto que creó la oficina.
Según los juristas, Rodolfo Brenes y Róger Guevara, la acusación trascendió hace casi un año pero no ven avances.
“El 1 de febrero de 2022 la Fiscalía General de la República presentó una acusación formal en contra de Alvarado, por ese supuesto delito, a raíz de la emisión del decreto que creó la UPAD; pero desde entonces la Fiscalía no ha tramitado ese expediente, no ha indagado al expresidente, ni ha hecho gestión alguna para impulsar la acusación que presentó, como corresponde”, apuntaron.
“Hace casi un año que presentaron esa acusación, y hace más de ocho meses que don Carlos concluyó su mandato. Es un deber del Ministerio Público impulsar, sostener y defender las acusaciones que presenta, pero no lo han hecho”, sumaron los defensores.
En su mensaje, la defensa afirma que el expresidente, ahora radicado en Estados Unidos, “tiene la conciencia absolutamente tranquila”.
“Don Carlos, como todo ciudadano, tiene derecho a justicia pronta y cumplida, y por eso hemos pedido que se le reciba declaración con la mayor brevedad posible y que el expediente sea enviado al Juzgado Penal para que se realice la audiencia preliminar y se le dé el trámite correspondiente, considerando que ya existe una acusación”, mencionaron.
Casi tres años de la UPAD
El 21 de febrero del 2020 estalló el escándalo por el decreto de creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), que habilitaba al Gobierno a acceder a información confidencial.
OBSERVE MÁS: A un año de histórico allanamiento: 10 momentos clave del caso UPAD
La administración, en ese momento, corrió a derogar la norma, pero fueron develándose diversas actuaciones del personal a cargo.
Estas incluían datos hasta de iglesias evangélicas, así como diversos trámites para tener acceso a información delicada ante entes como el TSE y Sugef.
El caso quedó judicializado el 28 de febrero del 2020 con la intervención de la Fiscalía que allanó Casa Presidencial.
A partir de ahí quedaron bajo expediente el propio Alvarado, el entonces ministro de la Presidencia, Victor Morales, y el exviceministro de Planificación, Daniel Soto.
OBSERVE MÁS: Nueve funcionarios cercanos a Alvarado se “abstienen de declarar” por caso UPAD
También se investiga a la jefa de despacho, Felly Salas; al asesor legal del decreto, Luis Salazar, y los funcionarios Diego Fernández, Alejandro Madrigal y Andrés Villalobos. Ellos manejaban directamente los datos.
La Asamblea Legislativa desarrolló en paralelo su propia investigación por el caso UPAD, donde se determinó que Casa Presidencial tuvo acceso a una amplia cantidad de información de los costarricenses.
Inclusive el mandatario estuvo por horas como compareciente ante ese foro legislativo, en febrero anterior.
Respecto a la investigación judicial, se mantiene el caso sombrilla pero de él se extrajo otro expediente. Este se concentraba en las irregularidades al generar el decreto en sí mismo y pedía ver la eventual responsabilidad de Alvarado y el exministro Morales en los supuestos delitos de prevaricato, abuso de autoridad y fraude de ley.
