Dentro de una lista de 50 proyectos de ley prioritarios -en los que destacan el préstamo con el FMI por $1.750 millones y la reforma del Empleo Público- el Poder Ejecutivo también incluyó el Acuerdo de Escazú, un acuerdo regional cuestionado por el sector productivo nacional.
El Presidente de la República, Carlos Alvarado, emitió este sábado el decreto ejecutivo 42979-MP que convoca las sesiones extraordinarias para esta nueva legislatura.
Entre las iniciativas se cuentan la creación de un Fondo de Avales, la Ley General de Contratación Pública, una amnistía para formalización y recaudación de las cargas sociales, y el impuesto de renta global dual, entre otras.
“La aprobación de estos proyectos son vitales para la estabilidad económica de nuestro país y para atender las necesidades más apremiantes de los sectores afectados a consecuencia de la pandemia”, dijo Geannina Dinarte, ministra de la Presidencia.
Lea aquí el decreto con la lista completa de proyectos
Acuerdo genera dudas
Según un estudio hecho por Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), el Acuerdo de Escazú tiene amplios portillos de inseguridad jurídica, entre los que destacan:
- Carga de la prueba: se invierte el principio de inocencia. Ya no son los denunciantes quienes deben demostrar el daño sino los denunciados probar su inexistencia.
- Protección: se establecen medidas cautelares para los denunciantes sin margen para los acusados.
- Reiteración: no trae nuevos aportes a los derechos de acceso a la información o participación ciudadana.
- Intimidad: se amplía el acceso a los datos sin contemplar los derechos a la intimidad de destaca la Constitución.
- Falta de claridad: incluye referencias como “autoridad competente” que dejan abiertas las interpretaciones legales, pudiendo generar incluso la intervención de entes privados en las decisioens públicas.
“Hoy cuando lo que necesitamos son medidas de reactivación económica, se busca impulsar esta iniciativa que no contiene un solo punto que permita dinamizar la producción”, dijo José Álvaro Jenkins, jerarca de la cúpula empresarial, el pasado 21 de abril.
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ONU pide aprobación
El Acuerdo de Escazú entró a regir el 22 de abril anterior con el respaldo de 12 países, entre los cuales no figuró Costa Rica.
La situación llamó la atención de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que emitió un mensaje a través de sus redes sociales.
“Instamos a Costa Rica a unirse al Acuerdo de Escazú. Un convenio que protege el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales en la región”, indicó.
Instamos a #CostaRica a unirse al #AcuerdoDeEscazu, un convenio que protege el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales en la región. Hoy #DiaMundialDeLaTierra entra en vigor este acuerdo que ya ha sido ratificado por 12 países. https://t.co/3Cz4KHGky0
— Naciones Unidas Costa Rica (@UNCOSTARICA) April 22, 2021
En Costa Rica el Acuerdo debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa. Este miércoles diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y de Nueva República criticaron el convenio internacional que es defendido por el Partido Acción Ciudadana (PAC).