El Gobierno desconvocó esta tarde tres proyectos de ley impulsados por el Poder Ejecutivo que se analizan en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.
La decisión se tomó dos horas antes de que el foro legislativo tuviera previsto reunirse para analizar los expedientes de ley, según la agenda legislativa.
Se trata de:
- Expediente 23.688: Ley del Sistema Penitenciario Nacional.
- Expediente 23.691: Ley para Adecuar la Respuesta de la Justicia Penal Juvenil a los Retos de la Criminalidad Violenta y la Delincuencia Organizada
- Expediente 23.692: Ley para Restaurar la Seguridad Pública y Contener a los Delincuentes que Representan un Peligro para la Sociedad.
La desconvocatoria fue firmada por Natalia Díaz, ministra de la Presidencia y Rodrigo Chaves, Presidente de la República.
De acuerdo con Díaz, esto se debe a que harán mesas de trabajo para buscar mejoras en estas iniciativas.
“Luego del encuentro que tuvimos en el Ministerio de Justicia donde participaron varios Diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y el Poder Judicial acordamos realizar mesas de trabajo sobre 3 proyectos de ley”, dijo.
“Desde el Gobierno estamos comprometidos con el impulso a las reformas necesarias para enfrentar la ola de criminalidad, independientemente de quién las presente o promueva”, amplió la ministra de la Presidencia.
Evitar archivo
El jueves 16 de noviembre, la comisión legislativa sesionó y tenía planeado archivar el plan 23.692 como recomendación emitida por las diputadas Priscilla Vindas del Frente Amplio y Dinorah Barquero del PLN, junto a Horacio Alvarado del PUSC.
Esos tres legisladores se basaron en los criterios de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y Servicios Técnicos del Congreso, para emitir la recomendación.
Para la noche de este martes se tenía previsto proceder de esta manera mediante un dictamen negativo. Con la desconvocatoria se frena esta acción.
Asimismo, cabía la posibilidad de que el 23.691 corriera la misma suerte, según supo este medio con fuentes cercanas.
Las iniciativas en cuestión forman parte de los cinco proyectos presentados por el Poder Ejecutivo desde abril pasado como parte de su operación “Costa Rica segura”.
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