Hermes Solano
Las diputadas Priscilla Vindas del Frente Amplio y Dinorah Barquero del PLN, junto a Horacio Alvarado del PUSC, recomendaron el archivo del expediente 23.692 “Ley para restaurar la seguridad pública y contener a los delincuentes que representan un peligro para la sociedad”.
Ese proyecto es uno de los enviados por el Poder Ejecutivo en abril anterior y convocado en las sesiones extraordinarias.
La Comisión de Seguridad y Narcotráfico designó el expediente a la subcomisión integrada por esos tres legisladores que, basados en los criterios de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y Servicios Técnicos del Congreso, recomiendan dictaminarlo de manera negativa y archivarlo.
Durante la sesión de este jueves, se generó una polémica debido a que en principio no se iba a ver el informe de la subcomisión por decisión de la presidenta del foro Gloria Navas. Ante esto, varios diputados alzaron la voz.
Navas señaló que el miércoles recibió una llamada de la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, en la que le pidió una reunión para el próximo lunes, con la presencia de la subcomisión en procura de ver el tema y buscar cambiar la decisión de archivarlo.
Tras las presiones de los diputados, finalmente el informe comenzó a leerse en el órgano legislativo con la intención de votarlo pero no se llegó a ello debido al cierre de la sesión.
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La disputada Gloria Navas dirige la comisión de Seguridad en el Congreso (Asamblea Legislativa).
El proyecto
La iniciativa del Gobierno propone agregar una nueva causal que justificaría la aplicación de las medidas cautelares, principalmente la prisión preventiva. Se refiere al peligro para la sociedad que pueda representar la persona imputada en una causa.
Sin embargo, las autoridades judiciales, principalmente la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, ven problemas en la posible aplicación de estas reformas al Código Penal.
“Sí afecta el funcionamiento del Poder Judicial con la indicación expresa de que el proyecto de ley consultado sí afecta la organización y funcionamiento del Poder Judicial”, indicó la Corte.
Por su parte, la fiscalía considera que “podría existir una confusión entre el peligro procesal y peligro para la sociedad”.
“Sin duda estas reformas tendrían repercusiones en el sistema penitenciario que se debería valorar para determinar la factibilidad de su aplicación material ya que involucra a diversas instituciones”, añadió.
Mientras tanto, el departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa considera que la propuesta “presenta serios riesgos de inconstitucionalidad”, al “establecer disposiciones muy amplias, sin distinciones, que atentarían contra el Principio de Racionalidad y Proporcionalidad, debido a que obligaría a las personas juzgadoras a tomar decisiones innecesarias y desproporcionadas”.
Tomando en cuenta estos criterios, la subcomisión recomienda archivar el expediente.
“Recomienda el archivo del expediente legislativo, que además de estos vicios a nivel constitucional, conllevaría, sin un estudio técnico, tal y como lo señala otro órgano judicial experto en la materia, cual es la Defensa Pública, una desmedida saturación del sistema carcelario”, indica el informe.
El Gobierno, en voz del presidente Rodrigo Chaves, pide a los diputados avanzar en la discusión de los cinco proyectos sobre seguridad presentados en abril. Algunos legisladores advierten que las iniciativas llegan con fallas y textos que deben replantearse.
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