Aunque una orden del Tribunal Contencioso Administrativo impide al Gobierno seguir impulsado el código QR, el Poder Ejecutivo se valió de una interpretación legal para diferenciar entre los comercios que lo exijan y los que no.
Este jueves vencía el plazo para que Zapote contestará a los tribunales y como medida temporal establecieron una nueva regulación de aforos que regirán del 1 de diciembre hasta el 7 de enero.
Según ella los locales comerciales y actividades masivas podrán escoger entre dos modalidades de aforo:
- Implementación voluntaria de la certificación vía código QR: Acceso a un mayor aforo (en algunos establecimientos hasta un 100%).
- No implementación del código QR: Los establecimientos tendrán un menor aforo y además deberán respetar el distanciamiento de 1.8 metros y las burbujas sociales.
Los aforos variarán en ese período también para otros negocios y actividades, entre ellas:
Actividades deportivas, culturales, académicas y empresariales con permiso sanitario de funcionamiento o autorización sanitaria:
- Con código QR: 40% de aforo
- Sin código QR: 20% de aforo con distanciamiento de 1.8 metros y burbujas sociales
Salas de eventos para actividades sociales
- Con QR: 200 personas
- Sin QR: 100 personas con distanciamiento 1.8m y burbujas sociales.
Cines y Teatros
- Con QR: 100% de aforo
- Sin QR: Hasta 500 personas con 1.8 metros, burbujas sociales y formación estrella.
Discotecas, salones de baile y clubes nocturnos
- Con QR: 50% de aforo.
- Sin QR: 25 % de aforo con distanciamiento 1.8m y burbujas sociales.
Los establecimientos catalogados como “esenciales” (supermercados, ferreterías, panaderías, entre otros), se mantienen exceptuados de la verificación del certificado de salud y funcionan al 50% de su capacidad. No obstante, podrán ampliar su aforo al 100% si optan por requerir el código QR.
El reclamo que desencadenó la medida
Para frenar un posible daño económico que generaría la obligatoriedad del código QR un grupo de empresarios pidió una medida cautelar excepcional el martes pasado.
El Tribunal Contencioso Administrativo les dio la razón el sábado por la mañana y marcó el terreno al Gobierno.
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“Se ordena al Presidente de la República, el Ministro de Salud, el Ministro de Ciencia y Tecnología, la CCSS y el ICE que se abstengan de realizar cualquier conducta tendiente a la implementación del código QR, a nivel comercial, social, laboral, turístico, recreativo o cualquier otro”, dice la resolución.
El sector turístico estima que los anuncios del Poder Ejecutivo han generado pérdidas por $400 millones.
Autoridades como el presidente Carlos Alvarado descartaron cualquier ajuste y dejaron ver que a su criterio la medida cautelar no regía para el sector privado, por lo que cada negocio podría seleccionar las reglas que quisiera.
