Hermes Solano
El Ministerio de Hacienda y Recope participaron este martes en la Comisión legislativa de Hacendarios, para referirse al proyecto de ley expediente 23.133: Ley para eliminar los abusos en el Impuesto Único de los Combustibles.
Tanto el jerarca de la Refinadora Costarricense de Petróleo, Juan Manuel Quesada, como la viceministra de Hacienda, Priscilla Zamora, dejaron en claro que se oponen a la iniciativa.
Esta busca modificar el esquema actual de ese impuesto, variando el tiempo de actualización. Dejaría de ser trimestral para calcularse de manera semestral; es decir, solo dos veces por año.
Además, el proyecto pretende realizar una variación respecto al monto de referencia para calcular el tributo.
Tanto Hacienda como Recope señalan que sería contraproducente aprobar el proyecto debido a que estaría sujeto al precio internacional del barril de petróleo, por lo que pueden generarse subidas de precio o bajas considerables en la recaudación.
“La recaudación del impuesto único estaría asociado a la volatilidad del precio internacional, que tiene mucha incidencia en el precio de los combustibles en el país. Además, se vería afectada por el tipo de cambio del dólar”, dijo Quesada.
“El criterio de Hacienda es que somos contundentes y es que estamos en contra de este proyecto. Es una iniciativa que atenta contra el desarrollo económico sostenible, el equilibrio fiscal y afecta la reputación ambiental de Costa Rica frente al mundo”, dijo por su parte la viceministra de Hacienda.
Impacto millonario
Hacienda aseguró ante los diputados que el impacto en las finanzas del país sería de hasta ¢96.000 millones.
“Habrá un impacto de 96.000 millones de colones, que es el presupuesto de ocho instituciones para el 2023”, dijo Zamora, señalando como ejemplos Comercio Exterior, Vivienda, Ministerio de Planificación, la Defensoría de los Habitantes, Contraloría General de la República y el Ministerio de la Presidencia.
“Todos juntos cuestan poco menos de esa cifra. Además, equivale a dos veces el presupuesto de la Asamblea Legislativa”, añadió la viceministra.
El proyecto se presentó en mayo de 2022 por el diputado del PUSC, Leslye Bojorges.
Para la viceministra, esta iniciativa podría generar dificultades para cumplir con los objetivos que tiene Costa Rica ante el Fondo Monetario Internacional.
“Un proyecto en este sentido que genera ese costo atenta con los acuerdos que asumió el país frente al FMI y las metas fiscales producto del acuerdo de eurobonos”, indicó Zamora.
