Paula Ruiz
La Iglesia católica respondió a los diputados de la Comisión de Ambiente quienes le solicitaron un criterio con respecto del proyecto de ley que busca legalizar la marihuana recreativa.
Para ello, reforzó su oposición con argumentos señalados de previo por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Colegio de Médicos y Cirujanos, Academia Nacional de Medicina, Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), entre otros.
“Manifestamos a los señoras y señores legisladores que consideramos altamente perjudicial la aprobación del proyecto de Ley de control y regulación del cannabis para uso recreativo, contenido en el expediente 23.383”, respondió Monseñor, José Manuel Garita, Presidente de la Conferencia Episcopal.
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Justifica que el articulado presenta vacíos sobre investigaciones interdisciplinarias en esta materia y no tiene ninguna especificación sobre la atención que se le brindará a personas que puedan llegar a verse afectadas por la implementación de esta Ley.
“Los supuestos beneficios que podría comportar este proyecto son meramente hipotéticos y no encuentran un fundamento sólido en los resultados de la legalización del mercado de cannabis sativa y sus derivados en otros países. En cambio, la producción científica tanto en Costa Rica como en la comunidad científica internacional ha demostrado consistentemente los amplios perjuicios del consumo de cannabis”, defiende Garita en el documento.
En el criterio también se echa mano de datos recopilados por la agencia suiza Swissinfo sobre el caso de Uruguay donde se legalizó esta venta y consumo.
Destacan que solo el 27% de los consumidores de marihuana lo hacen de forma legal debido a la insuficiente oferta estatal.
Así las cosas, la iglesia afirma que con la legalización no se eliminará el mercado ilegal que se reinventa para mantener sus clientes.
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Para menores
Otra de las observaciones tiene que ver con que la venta podría facilitar el consumo de marihuana por parte de personas menores de edad, a pesar de que el proyecto exponga la ilegalidad para este sector de la población.
“Aumentaría inconmensurablemente la exposición de las primeras a una amplia oferta de cannabis”, puntualizó Garita.
El obispo también recordó que el país no tiene las condiciones para pensar en esta legalización debido a la capacidad operativa para vigilar el cumplimiento de esta normativa.
“La imposibilidad de acabar con los altísimos niveles de actividad ilegal en torno a sustancias psicoactivas lícitas (tabaco y alcohol) son un claro indicio de que el país no está en condiciones de enfrentar nuevos escenarios de actividad delictiva en torno a la marihuana”, consideró.
En un inicio, el criterio de la Conferencia Episcopal recuerda que como parte de su labor social, brindan servicio a niños y jóvenes con adicción a las drogas.
“También contamos con servicios en la recuperación de personas adictas drogas”, destacó en el informe.
Asimismo, recuerda que hay parroquias y grupos católicos que atienden a personas en situación de calle, quienes en su mayoría llegan a estar en esa condición por el consumo de sustancias psicoactivas.
“Manifestamos que el inmenso problema de salud pública que representa la adicción a sustancias psicoactivas, así como el de seguridad derivado del narcotráfico en todas sus escalas, no solo no nos es ajeno, sino, por el contrario, nos atañe grandemente”, afirmó.
El plan es objetado por otras instituciones pero, también cuenta con el respaldo de instituciones de Gobierno y algunas municipalidades.
El objetivo desde Casa Presidencial es hacer un análisis de las audiencias y criterios recibidos sobre este proyecto con tal de presentar un texto sustitutivo.
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Hay entidades a favor del proyecto, entre ellos el ministerio del Deporte liderado por Mary Munive, quien a su vez, es segunda vicepresidenta de la República.
