El Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) solicitará al Poder Ejecutivo excluirlo de la regla fiscal.
La entidad alega que si esto no ocurre habrá un impacto negativo en obras para Puntarenas.
Juan Ramón Rivera, presidente ejecutivo de Incop, sostuvo que existe preocupación por las limitaciones establecidas en la ley de reforma fiscal, pues la entidad no podría ejecutar alrededor de ¢4.000 millones en obras. E funcionario buscará una reunión con el presidente Carlos Alvarado para formularle la petición.
Aseveró que la regla fiscal afectará las obras de inversión de capital que se desarrollarían durante este año.
“Eso nos ha puesto en una posición muy difícil, ya que el presupuesto que podemos ejecutar, única y exclusivamente nos alcanza para finalizar unas obras del desarrollo turístico de la provincia de Puntarenas”, afirmó Rivera.
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Déficit fiscal
El jerarca del Incop alertó que quedarían excluidos compromisos de obras adquiridos con diferentes comunidades del Pacífico.
“El presupuesto no nos alcanza para las obras de mantenimiento de los puertos de Quepos, Golfito y Puntarenas que son estos momentos están reactivándose fuertemente para la recepción de cruceros”
Aseveró que dicha reactivación contribuye a la economía local de la provincia.
Según informaron en Incop, el presupuesto aprobado ronda los ¢10.125 millones, pero que se le deberá hacer los recortes correspondientes para cumplir con la regla fiscal.
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¿Peligraría modernización?
Al mismo tiempo, reafirmó que, en caso de no levantarse la prohibición, el Incop no podría iniciar las gestiones tendientes para la modernización de Puerto Caldera.
Semanas atrás, Rivera detalló a El Observador, que existe una intensión de acompañamiento del Banco Mundial en las diferentes etapas tendientes a la concesión para la modernización de Puerto Caldera, para lo cual el Incop deberá aportar $900 mil.
Según sostuvo en su momento, que existen los recursos para hacer las contrataciones de los productos que entregará el Banco Mundial en las diferentes fases, pero que no se cuenta con la autorización para su uso, por la aplicación de la restricción fiscal.
“No tenemos autorización presupuestaria para poder seguir adelante con la licitación internacional del Puerto de Caldera y eso sí es un problema porque el puerto de Caldera es una emergencia nacional y la falta de su modernización influye negativamente en el desarrollo de la provincia de Puntarenas sino de todo el país”, ante consulta de este medio este lunes.