La industria alimentaria del país urgió este martes decisiones para que el sector productivo recupere, al menos, 500 mil puestos de trabajo destruidos por la crisis económica de los últimos meses.
Según Maurizio Musmanni, presidente de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia), los diputados y el Presidente de la República deben tener un mayor sentido de urgencia para proponer medidas inmediatas de reactivación económica.
Para Cacia, urge una serie de puntos como:
- La reducción de tarifas energéticas.
- Eliminación de los excesos regulatorios, trámites y requisitos que incrementan los costos de operación e incentivan la informalidad.
- Eliminación de la regulación de precios y altos aranceles en insumos industriales que afectan la comercialización y los costos de producción.
- Promoción de un acuerdo político urgente para sacar de la corriente legislativa todas aquellas iniciativas que promueven más regulaciones e impuestos específicos a la industria alimentaria.
- Acciones políticas para resolver la crisis comercial existente con Panamá que mantiene cerradas las exportaciones de lácteos y cárnicos.
- Evitar la desarmonización de la normativa regional que afecta el comercio internacional, como el etiquetado de alimentos.
Los industriales solicitaron evitar enfoques tributarios en una eventual propuesta para recuperar la economía del país.
Musmanni destacó que el gobierno debe trabajar en áreas como el combate de la alta evasión fiscal, la subfacturación aduanera, el contrabando y el robo de mercaderías en tránsito “que propinan un golpe importante a la Hacienda Pública”.
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Revisión de políticas
Los empresarios del sector también aseguran el país debe impulsar acciones que promuevan eficiencia, eficacia y mayor generación de valor por parte del Estado costarricense; por esto piden:
- Revisión de convenciones laborales con cláusulas abusivas.
- Eliminación total de excesos y privilegios de grupos articulares de la administración.
- Revisión del sistema de empleo público que elimine todos aquellos esquemas de ingresos o de contratación que son insostenibles y creadores de inequidad social.
- Reducción de la dispersión institucional, de burocracia innecesaria, de procesos administrativos duplicados y de gastos sin sentido.
- Reducción de una deuda política absurdamente alta e innecesaria.
- Implementación de esquemas y protocolos de rendición de cuentas para funcionarios, así como indicadores del retorno social del gasto público.
“El país necesita un ambiente en el que se deje de generalizar al trabajador público de manera negativa y al empresario como un potencial evasor de impuestos o de obligaciones ambientales”, dijo Musmanni.
Las declaraciones las dio Musmanni en el marco del XVI Congreso Nacional de Cacia que inició este martes 3 de noviembre de manera virtual.