El Instituto Nacional de Seguros (INS) informó que el inicio del proyecto de Marchamo Digital se posterga hasta el 2024.
Esto quiere decir que el cobro del derecho de circulación comenzará el primero de noviembre con las calcomanías tradicionales.
Será hasta los próximos meses que se defina el proceso de entrega de las nuevas etiquetas, que de manera electrónica, por medio de un chip, tendrá la información que hoy incluye el marchamo.
“La entrega de las etiquetas se realizaría el próximo año, lo cual significa que para este año el marchamo continua normal”, aseguró la presidente ejecutiva de INS, Mónica Araya.
La medida se toma por el proceso de licitación para la compra de las etiquetas, que aún está en curso.
“Como lo informábamos desde el inicio de año, dependíamos de los plazos estipulados en la Ley de Contratación Pública y también lo ordenado por la Contraloría General de la República. Con base en los tiempos de nuestra normativa, proyectamos la adjudicación para este 2023, tal y como se tenía contemplado desde el inicio del proyecto”, agregó la jerarca.
Para marchamo 2024, que inicia su cobro el primero de noviembre, se usará la calcomanía tradicional (Archivo / INS)
Compra en proceso
El INS informó que el pasado viernes realizó la apertura de las ofertas del cartel de licitación de las etiquetas del nuevo marchamo digital.
Nueve empresas mostraron su interés y ahora continúa con otras etapas para definir una ganadora. Se estima que esa decisión podría tomarse hasta diciembre.
El proceso de Contratación Administrativa tuvo observaciones ante la Contraloría de la República. El Instituto alega que se les dio la razón en 26 de los 39 alegatos. Con el resto, se hicieron los cambios correspondientes.
El proyecto de marchamo digital enfrenta además tres recursos de amparo que fueron presentados ante la Sala Constitucional. ”
“El INS se mantiene atento a lo que resuelva la Sala en estos temas y será respetuoso de lo ordenado”, finalizaron el comunicado de prensa.
¿Qué es Marchamo Digital?
El INS describe el Marchamo Digital como “una iniciativa país que modernizará los sistemas”.
Consiste en el cambio de los tradicionales stickers, que se pegan en el parabrisas de cada vehículo, por una etiqueta inteligente.
El director del proyecto, Carlos Mejías, dijo a El Observador que la nueva etiqueta tendrá un tamaño similar a la calcomanía actual, con un microchip y una pequeña antena.
El proyecto, por etapas, fue presentado por el gobierno del presidente, Rodrigo Chaves, el 26 de abril en conferencia de prensa.
¿Qué información tiene y qué hace?
El chip, según el instituto, solo tendrán información básica como el número de placa y el VIN o número de identificación de cada carro. Esto es lo que sucede actualmente en el marchamo de manera visible.
La tecnología se llama RFID, identificación por radio frecuencia. Según un comunicado de Casa Presidencial “permite identificar objetos (en este caso automóviles) mediante ondas de radio de manera única y pudiendo captar cientos de objetos a la vez”.
Las autoridades defienden que estos chips no contienen un GPS para rastrear el automotor. Tampoco monitorean ni tienen la capacidad de tramitar información a largas distancias.
“Estamos seguros que el sticker no hace control de ninguna manera, porque no está activa, no manda información constantemente.
“Solo el lector es el que puede decir que información sustrae y es pública, como la placa y demás”, indicó la presidenta del INS, Mónica Araya.
Imagen compartida por el Gobierno en video sobre Marchamo Digital el 26 de abril. (captura de pantalla)
¿Cuáles beneficios trae?
El INS asegura que son al menos tres los beneficios de este cambio de tecnología:
- Se logra digitalizar las gestiones relacionadas con el marchamo
- Mejora los procesos de control vehicular con el pago del derecho de circulación
- Simplifica trámites. Las autoridades destacan que la etiqueta se cambiará cada 10 años, por lo que el dueño de vehículo solo acudirá de manera presencial el primer año a retirarla (como sucede actualmente). Los pagos para los próximos años podrán hacerse de manera virtual.
¿Cuánto cuesta?
El INS reconoció una alta inversión inicial, pero menor costo a largo plazo. La licitación lanzada es por ¢4.860.864.283, como consta en el Sistema de Compras Públicas (Sicop), para la compra de 1.800.000 etiquetas.
En diferentes comunicaciones, la entidad defiende que la inversión por carro es de ¢2.000 cada 10 años.
Aún resta una licitación adicional para el sistema operativo, o software, que permitirá el uso de la tecnología.
“Estamos próximos” dijo la presidenta ejecutiva del INS, el jueves anterior, al ser consultada sobre el proceso.
Dudas y cuestionamientos
Para el ingeniero y exministro de Ciencia y Tecnología, Luis Adrián Salazar, el plan del INS puede ser loable y consistente en buscar la digitalización de los procesos, pero requiere de condiciones claras.
El experto pide explicaciones sobre el manejo de la información que tendrá el marchamo, el uso y quienes tendrán acceso a esos datos.
“Creo que es esencial que se abra el espacio para que expertos en tecnologías digitales, inteligencia artificial, ciberseguridad, derecho informático, expertos en protección de datos tengan la oportunidad de girar algunas observaciones en función de que dicho proyecto tenga toda la potencialidad”, opinó Salazar, quien respalda el uso de nuevas tecnologías.
El exjerarca y consultor considera que es necesario garantizar la seguridad de la información personal y que todos los actores conozcan como operará un dispositivo que será de uso obligatorio.
“Recordemos que en un mundo hiper digitalizado es fundamental la seguridad técnica y jurídica que tengan las personas con el uso de información, por eso es que dar espacio a este discusión nos permite como costarricenses avanzar en la sociedad de la información”, enfatizó.
En declaraciones a este medio, el abogado experto en temas informáticos y de ciberseguridad, José Adalid Medrano, insiste en la urgencia de un debate nacional y que estas decisiones se tomen desde el Congreso; no desde “un escritorio.”
“Una vez nuestro país decida tomar este camino de mayor vigilancia estatal, cuesta dar un paso atrás. La mera instalación de los chips en los vehículos de forma obligatoria ya es un riesgo para la privacidad”, enfatiza.
“Para que las personas comprendan cómo funciona esta tecnología debemos explicarles que una vez usted instale este chip en su vehículo, el Estado podrá saber que usted pasó por cualquier lugar donde tenga la tecnología instalada para hacer este seguimiento”, advierte.
Medrano considera que hay beneficios con el plan, pero que es pertinente analizar las formas en las que podría afectar a los ciudadanos.
El abogado también cuestiona la rapidez con la que se avanza en la implementación y lo marca como una alerta.