Paula Ruiz
Las instituciones públicas aumentaron entre 2021 y 2022, las transferencias gratuitas y sin contraprestación a sujetos privados, sin que estos últimos rindan cuentas de cómo utilizan dichos recursos.
Así se desprende del informe de “Seguimiento de la Gestión Pública acerca de la Transferencia de Recursos a entidades privadas por parte de los concedentes” elaborado por la Contraloría General de la República que publicó el 16 de agosto.
Según los datos, en 2021 hubo transferencias por ¢73.604 millones, pero para el 2022 incrementó a ¢91.445 millones, información que se tomó del Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) provisto por la CGR.
En el estudio participaron 10 auditorías que reúnen el 91% del total de transferencias en 2021 (¢67.281 millones) y del 89,5% en 2022 (¢81.895 millones).
Las 10 instituciones participantes fueron:
- Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
- Junta de Protección Social de San José (JPS)
- Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam)
- Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder)
- Ministerio de Salud (MS)
- Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia Puntarenas (Judesur)
- Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ)
- Ministerio de Educación Pública (MEP)
- Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
- Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop)
Las entidades públicas que realizan una mayoría de transferencias son el PANI, JPS y Conapam, pues entre las tres representan en conjunto el 86,16% en 2021 y el 82,99% en 2022, determinó la Contraloría.
El ente fiscalizador reconoce que las instituciones han implementado procesos de control sobre los recursos transferidos relacionados con la fase de aprobación y gestión de la transferencia de recursos.
Eso tiene que ver con que todas las instituciones participantes cuentan con regulaciones o instrumentos para el otorgamiento del beneficio.
Sin embargo, la debilidad recae sobre la falta de mecanismos de rendición de cuentas exigidas a los sujetos privados con tal de saber en qué utilizan dichos recursos.
“Se detallan las principales debilidades en el cumplimiento de la normativa que aplica esta práctica, principalmente en cuanto al establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas, para verificar que efectivamente, los recursos asignados han sido utilizados en los fines de interés público determinados y previamente conocidos por el concedente”, detalla el informe.
Se supone que los recursos transferidos son utilizados por los sujetos privados para satisfacer necesidades públicas de diversa índole, siendo una mayoría, de bien social. Pero no están obligados a retribuir bienes, servicios o derechos a favor de quien transfiere los recursos.
“No obstante, es necesario rendir cuentas sobre el uso y cumplimiento de las finalidades para las cuales fueron otorgados dichos fondos”, continuó la Contraloría.
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Beneficiados de varias entidades
El informe destaca que en 2021 se identificaron 740 entidades privadas beneficiadas con estas transferencias y, de estas, 133 reciben recursos de dos o más instituciones públicas.
En esta categoría destaca la Asociación Albergue Rehabilitación al Alcohólico Adulto Mayor Indigente que recibió ¢2.908 millones, la Asociación Cruz Roja Costarricense con ¢2.948 millones y la Asociación Aldeas Infantiles SOS de Costa Rica ¢2.267 millones en ese año.
En tanto, en el periodo 2021-2022 hubo 885 organizaciones privadas que obtuvieron recursos y de ellos, 15 sujetos privados representan el 25% total de las transferencias.
La que más recibió dinero público es la Asociación Cruz Roja Costarricense con un total de ¢5.923 millones. Otras de estas son:
- Asociación Albergue Rehabilitación al Alcohólico Adulto Mayor Indigente: ¢5.787 millones.
- Asociación Aldeas Infantiles SOS de Costa Rica: ¢4.635 millones
- Asociación Génesis T A G: ¢3.495 millones
- Asociación RobleAlto Pro Bienestar del Niño: ¢3.171 millones
- Fundación Hogar Manos Abiertas: ¢2.531 millones
Desde 2019, la Contraloría emitió las Normas Técnicas sobre el presupuesto de los beneficios patrimoniales otorgados mediante transferencia al sector privado.
En este estudio se permitió determinar que hay cuatro entidades con un cumplimiento optimizado. Se trata del Ministerio de Salud, Conapam, Infocoop y el IMAS.
Aquí se destaca que cumplen con los procesos de formulación y aprobación, así como la existencia de controles para dar seguimiento a los recursos transferidos. Aunque, requieren mejoras puntuales sobre rendición de cuentas.
Hay un segundo grupo con cumplimiento avanzado que comprende a la JPS, PANI y Judesur. En este caso, destaca que registran un cumplimiento superior a 75% e inferior a 90%.
“Las Auditorías Internas de las instituciones concedentes identificaron que no se cumple con la totalidad de los controles para verificar el uso de los recursos en las finalidades para las cuales fueron transferidos”, indicó la Contraloría.
Mientras que, en cumplimiento intermedio están el MCJ, MEP e Icoder con un cumplimiento de entre 50% y 75% y carecen de mecanismos de control que permitan dar seguimiento “acerca de la vigencia y finalidad del presupuesto de beneficio patrimonial otorgado”.
La Contraloría identificó desafíos como el hecho de aumentar los niveles de cumplimiento debido al impacto que generan en la sociedad dichas transferencias.
La Contraloría emitió el informe este miércoles. (Archivo/El Observador)
