Josué Alvarado
Por el efecto nocivo que está produciendo en los agricultores nacionales y porque el precio del grano no bajó como se había prometido a la ciudadanía la jueza Patricia Calderón dejó sin efecto el programa estrella del Gobierno conocido como la Ruta del Arroz.
La jueza acogió una medida cautelar que suspende el decreto a través del cual el Gobierno redujo los aranceles de importación de arroz.
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“El precio del producto no ha bajado en los niveles proyectados por el Poder Ejecutivo”, escribe la jueza en su resolución a favor de los productores que pidieron la medida cautelar.
Ya el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) había dicho que la reducción en el precio del arroz era cercana a cero desde que se aplicó esta política. De julio del 2022 a febrero del 2024 la disminución en el precio del arroz fue de apenas -0,55%.
Solo las mediciones del Gobierno, a través de las cuales se evalúa a sí mismo, señalan que el precio sí bajó considerablemente.
Pero además de que el precio no bajó, esta estrategia gubernamental generó efectos nocivos en la producción nacional, explica la administradora de justicia.
Al bajarse los aranceles la industria prefirió traer el arroz de otros países en lugar de comprarle a los productores costarricenses. Las hectáreas cultivadas de arroz en el país disminuyeron de 35.301 a 14.300 y la cosecha nacional decreció de 153.173 a 60.000 toneladas métricas.
“Ha sido pública y notoria la afectación del sector nacional productor de arroz, lo cual tampoco se ha visto compensado con una baja sensible en el precio del mismo”, dice la resolución judicial.
La jueza consideró que tenía que otorgar la medida cautelar y suspender el decreto, caso contrario conllevaría “una afectación para la población productora en cuanto a la reducción de áreas de siembra (que ya se está dando) y a la afectación directa en las economías familiares de este sector.
“El otorgamiento de la solicitud cautelar no lesiona el interés público ni las finanzas del Estado, pero sí minimiza un posible daño grave a los promoventes”, añade.
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Importadores: los beneficiados
La jueza Calderón considera que sí hubo beneficiarios de la la desregulación arancelaria del arroz aplicada por el Gobierno: los importadores, que según ella no son un sector vulnerable en la fórmula de mercado.
“A pesar de que han podido traer al país el producto a precios muy inferiores al ofertado internamente, no han trasladado ese beneficio al grueso de la población, justamente ese quintil cuya fuente primaria de alimentación reside en el consumo de arroz y frijoles”, escribe Calderón.
El Observador dio a conocer el pasado 2 de abril que las importaciones de arroz (tanto con cáscara como pilado) se duplicaron luego de que el Gobierno emitiera esta política.
En el 2022 se trajeron a Costa Rica 151.849 toneladas de arroz mientras que en el 2023 ese número subió a 307.311 toneladas. El crecimiento es del 102%.
El equivalente de esas importaciones en dólares también creció de ¢61 millones a ¢139 millones, según datos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), institución que evitó hablar de este comportamiento pese a la solicitud del medio.
Tanto los agricultores como los industriales de Costa Rica reconocen que con esta medida se están beneficiando los empresarios y los productores de otros países, desde donde se trae el grano.
