El Juzgado Penal de La Unión sustentó jurídicamente, por en los límites que impone las leyes actuales, su decisión de dejar en libertad a los sospechosos de amedrentar con armas pesadas a agentes del OIJ en Río Azul.
Por un lado, se apuntaba el supuesto delito de amenazas agravadas. Este tiene un sanción de apenas de entre 15 y 60 días de prisión; por lo que cualquier medida cautelar debe ser proporcional a esa gravedad.
Respecto al supuesto ilícito de portación ilegal de armas la valoración pasó por el detalle de que si bien figura en el video, al momento del allanamiento no se encontraron las mismas.
“Se carece de prueba suficiente para dictar una medida cautelar privativa de libertad”, detalló el Poder Judicial en una comunicación.
¿Cómo arreglar la ley?
La regulación de la normativa de armas es uno de los enfoques en los que han insistido los Poderes Ejecutivo y Legislativo como opciones para enfrentar la crisis de inseguridad que tiene el país.
Desde Zapote, de hecho, uno de los proyectos de ley de la denominada operación “Costa Rica Segura” se centraba en una actualización de la Ley de Armas y Explosivos.
Con ella se prohibirá la tenencia de armas a personas condenadas por sí como delitos donde medie la violencia -incluyendo faltas contra la vida y la propiedad-. También así como delitos donde medie la violencia.
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Problemas del proyecto, sin embargo, terminaron con una votación negativa en la Comisión de Seguridad.
No obstante, el diputado Gilbert Jiménez reflotó el espíritu de la idea con un texto denominado “Ley contra la tenencia y portación ilegal de armas permitidas”.
“Valoramos retomar la iniciativa de ley que presentó el Poder Ejecutivo (…), que fue presentado ante este órgano legislativo, proyecto que busca clarificar los tipos penales y, en algunos casos, aumentar las sanciones como medida disuasiva y sancionar de manera estricta a los portadores de armas que lo hagan sin ajustarse a la ley”, destaca la nueva iniciativa.
Este traería penas de 3 a 5 la tenencia irregular de armas y de 2 a 4 años la portación ilegal. También se sancionaría a los dueños legales que le faciliten el arma a un menor.
Hay varias iniciativas que buscan reformar las leyes que regulan el uso y tenencia de armas en Costa Rica. (Foto Archivo/ El Observador)
Otros planes para las armas
Aparejada a la propuesta gubernamental hay otras del propio seno de la Asamblea. En la lista están:
- 23340 Reforma a los Artículos 212 y 213 del Código Penal.| Actualizaría algunas penas en caso robos. En los robos, por ejemplo, la sanción sería de 5 a 15 años si mediaran “armas, arma blanca, arma de fuego, o réplica de un arma de fuego o blanca, de juguete o similar o imitación”. Además, se castigaría el simular portar un arma sin exhibirla con intimidación de la víctima. La iniciativa la planteó María Marta Carballo, de la Unidad Social Cristiana.
- 24000 Sanción de testaferros en compra de armas|. Se impondrían de 4 a 8 años de cárcel cuando se compren armas y municiones a nombre propio para que las use un tercero. Se elevaría de 6 a 10 años cuando el material se use para perpetrar delitos y llegaría a los 12 sí se vinculan a homicidios. La idea la impulsó la diputada Gloria Navas junto a la Comisión de Seguridad.
- 24095 Fortalecimiento de sanciones para delitos cometidos con armas prohibidas.| El delito de tenencia de armas prohibidas recibiría de 4 a 6 años de cárcel. El acopio de armas prohibidas iría de 5 a 10 años; la introducción de estas y sus municiones al país se penaría de 6 a 12 años; mientras que el contrabando de las armas legales recibiría de 7 a 14 años. La agresión con armas, aún sin heridas, tendría de 3 a 6 años de sanción. La idea es promovida por Gilberth Jiménez y Gloria Navas.
Factor clave: las penas convertibles
Tanto en el tema de armas como en el resto de delitos, en análisis de las penas va a aparejado a la pena y la posibilidad de aplicarle la denominada “ejecución condicional”.
La figura es regulada por el Código Penal, estableciendo:
Al dictar sentencia, el Juez tendrá la facultad de aplicar la condena de ejecución condicional cuando la pena no exceda de tres años y consista en prisión o extrañamiento.
ARTÍCULO 59
Si bien la concesión de este beneficio demanda otros análisis de los antecedentes de la persona condenada y exige que sea la primera sentencia
De los proyectos en fila, destaca como en su mayoría están trayendo penas más altas; lo que complicaría aplicar dicho formato favorable al delincuente en temas de armas.
Medidas alternativas por armas en Río Azul
El martes, cuando un grupo de agentes judiciales circulaba por Linda Vista de Río Azul, hombres de la zona los amenazaron con armas de grueso calibre. Aparentemente los habían confundido con un grupo rival.
La grabación circuló el miércoles y esa misma tarde el OIJ intervino la zona. Un total de 4 personas fueron detenidas, incluyendo los protagonistas del video -uno se había rapado y el otro fue detectado por un dron mientras huía por los techos-.
Para el jueves se dieron los pasos judiciales. Primero fue la indagatoria y luego la audiencia de medidas cautelares.
El análisis acabó sin prisión preventiva, pero durante los próximos 6 meses se establecieron como medidas cautelares:
- Firmar cada 15 días en el despacho judicial en donde se tramita la causa.
- No portar armas de fuego.
- Salida del distrito de Linda Vista.
La causa se tramita bajo el número de expediente 23-001567-0071-PE y lo resuelto no fue apelado por las partes, según el Poder Judicial.
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