Hermes Solano
El rechazo de la Contraloría General de la República al proyecto de Ciudad Gobierno sigue generando roces y polémica en el oficialismo, principalmente de la jefa de fracción, Pilar Cisneros.
A finales de noviembre, la CGR rechazó un recurso de apelación del Poder Ejecutivo respecto a la resolución del ente ante la figura que quería utilizar el Gobierno respecto al proyecto.
Ante eso, la decisión desde Casa Presidencial es la de presentar un proyecto de ley que sea la Asamblea Legislativa la que determine la construcción de Ciudad Gobierno, donde se pretenden ubicar todas las instituciones del Estado.
A raíz de esto, la diputada Cisneros considera que todos los puentes que podían existir con la Contraloría y la contralora Marta Acosta están rotos.
“Con la Contraloría se rompieron los puentes, la contralora está en una actitud que no la puedo entender”, señaló la legisladora a El Observador.
“Me ha sorprendido increíblemente la reacción de doña Marta, super grosera, nunca me ha contestado los mensajes que le he mandado”, añadió.
Para Cisneros, Ciudad Gobierno es una de las prioridades en 2024, pues consideran que se está “botando” la plata en el pago de alquileres.
“Vamos a buscar el camino para Ciudad Gobierno, nos negamos que este país siga botando 30.000 millones de colones”, afirmó la jefa del oficialismo.
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Sin guerra
Para la diputada del oficialismo, la actitud de la contralora es la de querer generar una guerra, que dice que ella no quiere.
Por eso, asegura que estaban explorando otras opciones, una de ellas el de enviar un proyecto de ley al Congreso.
“Si ella quiere guerra, yo no quiero, entonces vamos a explorar otras vías para sacar ese proyecto”, dijo Cisneros.
La actual administración pretendía usar la figura de arrendamiento, con el modelo BOLT: “Build, Operate, Lease & Transfer”, es decir “Construir, Operar, Arrendar y Tranferir.
Sin embargo, el despacho de la contralora, Marta Acosta, resolvió e interpretó ese artículo con los siguientes argumentos:
1) El arrendamiento de bienes inmuebles por construir o en proceso de construcción debe ser sobre terrenos privados.
2) Que la norma no ampara encargar directamente a un tercero el diseño y construcción de obra pública a la medida.
3) Que el arrendamiento financiero es endeudamiento.
4) Que el artículo 67 no contempla el diseño, construcción en terrenos públicos, arrendamiento, administración y posterior transferencia de los bienes al Estado.
La Contraloría informó que “la vía recursiva contra el oficio de advertencia agota la vía administrativa”.
Contralora Marta Acosta.
Todavía sin proyectos
Aunque el Gobierno, a través del presidente Rodrigo Chaves y la ministra de Planificación, Laura Fernández, habían dicho que en diciembre enviarían el proyecto de ley sobre el tema, hasta el 14 de diciembre no llegaron.
Ese día la Asamblea Legislativa culminó labores por el 2023 y volverá el 8 de enero. Será hasta después de ese día que el Gobierno pueda presentar las iniciativas al respecto.
Las autoridades hablaron de dos propuestas, una de ellas es la que va al Congreso.
La primera propuesta versa sobre una interpretación auténtica, por parte del Mideplan, de los artículos 67 y 77 de la Ley General de Contratación Pública que permita levantar la obra en terrenos públicos.
La segunda propuesta que el Ejecutivo le enviará a los diputados consiste en una reforma de los artículos 67 y 77 de dicha ley.
“El Gobierno de la República presenta de manera responsable cuáles son las alternativas que técnicamente consideramos que son las que proceden para aclarar esas interpretaciones nuevas que la Contraloría sostiene”, indicó la jerarca de Mideplan.
“Les damos dos opciones para que las diputadas y diputados puedan dilucidar cuál es el camino”, añadió.
