Tres fracciones legislativas se mostraron a favor de iniciar una discusión con respecto a los posibles cambios que deberían aplicarse a la regla fiscal.
Las reacciones sucedieron luego de que el presidente Rodrigo Chaves emitió su primer veto a un proyecto de ley que pretendía dejar por fuera de la aplicación de esta norma a la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).
La justificación de la iniciativa se centró en que Procomer no recibe recursos públicos y por tanto, no debía de estar sujeto a este límite del gasto.
Mientras tanto, este jueves, la Refinería Costarricense de Petróleo (Recope) afirmó que no puede pagar sus obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Ministerio de Hacienda y Comisión Nacional de Emergencias (CNE) debido a los límites que establece la regla fiscal.
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La diputada liberacionista Paulina Ramírez, quien preside la Comisión de Asuntos Hacendarios, dijo que esta normativa debe someterse a discusión para ver cómo se afina.
Destacó que impulsará un proyecto de ley de la exlegisladora Ana Lucía Delgado que permitirá a las instituciones escaparse de la regla fiscal en el rubro de inversión.
Ramírez dejó claro que esto no busca eliminar esta regla fiscal dado que es necesaria para la contención del gasto y la disciplina fiscal, principalmente en gasto corriente.
Para la diputada, el veto de Chaves es una señal clara que no pasará ninguna iniciativa que busque excluir a instituciones de esta regla, por tanto, deberán centrarse en la búsqueda de soluciones.
Por su parte, Jonathan Acuña, jefe de fracción del Frente Amplio, indicó que están trabajando en una iniciativa de ley para solucionar los problemas de diseño de la regla fiscal.
“Estamos trabajando en un proyecto sobre el diseño, que tendría que ser tal que se aplique la regla sobre gobierno central para gasto corriente”, informó.
Para el frenteamplista, Chaves emitió un mensaje equivocado con el veto a Procomer ya que con el tiempo, se dará cuenta que este problema de diseño le pondría límites a su mandato.
Con respecto a la Unidad Social Cristiana (PUSC), el legislador Carlos Felipe García, destacó que están de acuerdo con la discusión entorno a su ejecución.
Eso sí, fue claro en que ello no debe de implicar en excusas de las instituciones públicas para cumplir con sus obligaciones.
“Sabemos que hay muchísimos gastos que son innecesarios y no hacen uso eficiente de los recursos públicos (…) hay que plantear una reflexión”, advirtió García.
El socialcristiano consideró que por respeto y consideración a la situación fiscal del país, debería de ser el Poder Ejecutivo quien eventualmente, plantee reformas a la aplicación de la regla fiscal las cuales podrían surgir durante el ejercicio de sus funciones.
Con reservas
En el Partido Liberal Progresista (PLP) y la fracción de Gobierno de Progreso Social Democrático (PPSD) tienen reservas.
Eli Feinzaig, vocero del PLP se mostró a favor de la discusión en tanto que ello no implique ceder a presiones de los entes públicos.
“Yo soy una persona razonable además, soy solo uno de 57, pero lo que no podemos hacer es ceder a los impulsos irresponsables que lo que quieren es que volvamos a despertar la fiesta del gasto para que dentro de un año volvamos a estar en una situación donde necesitemos nuevos impuestos porque eso es lo que vamos a lograr”, advirtió el liberal.
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Feinzaig considera que en caso de haber una discusión, sea sobre su diseño y no, como una manera de abrirle la puerta a las instituciones para salirse de su aplicación.
Desde el oficialismo, Pilar Cisneros destacó que si esta discusión se llega a abrir, se debe de buscar de dónde tomar recursos sin que ello implique más deuda.
“El presidente ha sido claro, vamos a cuidar colón por colón, no se pueden soltar las amararas en una situación de crisis fiscal que estamos viviendo, la señal que debemos darle a las instituciones públicas es cuidemos colón por colón y no cortemos los servicios básicos a la población”, destacó.
Sí se mostró a favor de mayor inversión en tanto, eso implique una revisión exhaustiva del presupuesto Ordinario de la República.
“El problema es ¿de dónde tomamos los recursos? La única manera es con deuda o restringir gastos que son innecesarios como viajes o asesorías (…) hay que empezar a ver el presupuesto con lupa, eso es lo que hay que hacer y empezar a ahorrar donde se puede ahorrar para inversión de capital”, concluyó.
La regla fiscal es un límite al crecimiento del gasto del Gobierno, que se basa en el crecimiento de la economía (PIB).
De esta manera, el aumento del presupuesto nacional está «amarrado» al comportamiento de la producción y de la deuda del Gobierno. Se contempló en el Capítulo IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas número 9635.
En su artículo 11 la ley especifica: “Cuando la deuda al cierre del ejercicio presupuestario, anterior al año de aplicación de la regla fiscal, sea igual o mayor al 60% del PIB, el crecimiento interanual del gasto total no sobrepasará el 65% del promedio del crecimiento del PIB nominal”.
Al sobrepasar la deuda el 60% del PIB, el freno que establece la ley es para todo el gasto, incluida la inversión
Eli Feinzaig (izquierda) se mostró anuente a la discusión en tanto, ello no implique ceder a presiones de las instituciones públicas.