Los tres Poderes del Estado identificaron 25 proyectos de ley que pueden ser de utilidad para combatir la ola de violencia e inseguridad que afecta a Costa Rica.
Así lo concluyeron tras participar en una reunión del Consejo Nacional de Seguridad, realizada en Casa Presidencial, la mañana de este martes, con presencia de diputados, magistrados de Corte Suprema y ministros de Estado.
De acuerdo con Rodrigo Chaves, presidente de la República, de ese total, cinco son los presentados por el Gobierno como parte de la propuesta “Costa Rica Segura”, anunciada en abril.
Mientras que otros 12 son liderados por la Unidad Social Cristiana (PUSC) y se está a la espera de los que propone Liberación Nacional.
Natalia Díaz, ministra de la Presidencia, se encargará el próximo jueves de revisar la lista con otras fracciones legislativas, señaló Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación.
De esta manera, se busca realizar la depuración de la lista de proyectos prioritarios para acordar su aprobación respectiva en Plenario, agregó el jerarca.
“El próximo paso va a ocurrir el jueves en la Asamblea (Legislativa) en sesión de la Comisión de Narcotráfico y ahí tendríamos acuerdo de mesa de trabajo para que el Congreso pueda estudiar los cinco proyectos de ley y dar un frente común frente a la tragedia que estamos viendo”, puntualizó Chaves, por su parte.
Será hasta ese día cuando se pueda conocer la lista en detalle.
240 bandas
La urgencia de atender este tema guarda relación con el aumento exponencial de bandas criminales en Costa Rica.
Mario Zamora, ministro de Seguridad Pública, reconoció que hace 10 años, el núcleo de violencia no pasaba de 35 grupos, pero ese número aumentó a 240 en la actualidad e, inclusive, podría llegar a 340 tomando en cuenta otro tipo de organizaciones.
Según el jerarca, este aumento exponencial de la violencia es lo que provoca los resultados que hoy se cosechan.
Hasta este 2 de octubre, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) registró un acumulado de 680 homicidios.
Con respecto al presupuesto, el presidente de la República aceptó que es un punto fundamental y ejemplificó que, por lo menos, se requieren 600 unidades de radiopatrullas por un monto de $20 millones.
Asimismo, urgió la necesidad de cárceles nuevas y criticó que la de Terrazas (construida en el Gobierno anterior) “fue un desperdicio”. La actual administración cuestiona que ese proyecto no cuente con condiciones mínimas de seguridad.
Por otra parte, el Gobierno descartó una declaratoria de emergencia por la ola de homicidios y violencia debido a que el Fondo Nacional de Emergencia “no tiene mucha plata”.
Chaves aclaró que una declaratoria de ese tipo no significa un estado de excepción y que lo único que facilita es el uso de recursos de ese fondo, por lo que descarta seguir esa ruta.
Bajarle el tono
Por otra parte, el presidente de la República se comprometió junto con los otros dos Poderes del Estado a bajarle el tono a la discusión sobre quién tiene la responsabilidad en temas de seguridad ciudadana.
Chaves señaló que todos coinciden en que si bien es cierto, es necesaria la pintura o el reforzamiento de la infraestructura, lo prioritario es atender el incendio en la cocina, según su analogía.
“Hay un llamado a que bajemos el tono a la discusión pública que en algunos nos hemos pasado la bola de quien tiene la responsabilidad por la situación y quien tiene la capacidad de arreglar o no el sistema. Un llamado a un debate más constructivo ante la opinión pública que está preocupada de la situación que está dando”, declaró el mandatario.
Sus declaraciones se dan después de que, en reiteradas ocasiones, Chaves ha señalado al Poder Legislativo y al Poder Judicial como responsables de lo que sucede, al defender las acciones que realizan desde el Ejecutivo.
Por ejemplo, la semana pasada, el Gobierno señaló al Legislativo por no aprobar las iniciativas de ley que el Gobierno propuso. También ha cuestionado fuertemente al Judicial por no actuar con mano dura tras la detención de personas y los beneficios carcelarios que otorgan los jueces.
Sobre ese último poder de la República, Orlando Aguirre, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, aseguró que no se analizó algún caso en concreto durante la reunión.
“Fue en el sentido general de que efectivamente el hecho o resolver sobre la libertad de las personas no es un tema político sino de legalidad y que es completamente válido hacer reformas, pero no se hizo análisis de ningún caso concreto”, aclaró Aguirre.
Durante la reunión participaron diputados jefes de fracción y aquellos que integran la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, sin embargo por cuestiones de agenda, tuvieron que retirarse para la conferencia de prensa.
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La reunión inició a las 10 a.m. y culminó a eso de las 2 de la tarde. Presidencia.