Hermes Solano
La Asamblea Legislativa tomó la decisión este lunes de dispensar de todo trámite siete proyectos de ley enfocados en materia de seguridad, con la intención de fortalecer el sector ante la grave crisis que vive el país.
Dispensarlos de trámite significa que estarán muy pronto en el Plenario para darles primero y segundo debate y que sea ley de la República.
Una de las iniciativas dispensadas es la 23.372, que busca exonerar del pago del Impuesto del Valor Agregado (IVA) al Organismo de Investigación Judicial, con lo que se busca que la policía judicial tenga recursos para el pago de programas que permiten abrir teléfonos.
Eso es clave en muchas investigaciones y el día de hoy, no tienen la posibilidad de hacerlo.
“Es el director del OIJ quien está solicitando la aprobación de este proyecto de ley. Los 1300 millones de colones ya están el Poder Judicial, esa falacia que se le quita a salud, infraestructura y otros es mentira, lo que pasa es que se optimiza, al dejarlo de pagar en el IVA se les asigna a otros recursos”, dijo el diputado del PLN, Danny Vargas.
Sobre el proyecto de ley y la petición del OIJ, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, dijo no estar de acuerdo, pues ellos presupuestan lo solicitado por el Poder Judicial y ahí es donde reparten los recursos.
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(Cortesía Asamblea Legislativa).
Seis iniciativas más
Junto a ese proyecto, también se le dispensó de todo trámite a seis iniciativas más de diferentes bancadas, entre ellas el PUSC y el Frente Amplio.
Los de la bancada socialcristiana, a través de la diputada María Marta Carballo son los expedientes 23.519 y 23.737.
El primero busca modificar el Código Penal, con la intención de revocar la libertad condicional a quien tenga el beneficio y sea arrestado.
Por su parte, la segunda modifica la ley actual, para que se necesitan dos terceras partes de la condena cumplida para optar por libertad condiciones. Actualmente se puede otorgar a la mitad de la pena.
Otro de los proyectos dispensados es el expediente 22.590, con la que se busca modificar la ley que se aprobó para combatir las llamadas por estafas desde las cárceles.
El cambio implica prisión de uno a seis años a quienes fabriquen, comercialicen, adquieran, instalen, porten, distribuyan, transporten, compren o vendan y utilice “bloqueadores o inhibidores de frecuencias y señales radioeléctricas de los sistemas de comunicación”.
Las otras iniciativas dispensadas son:
- 22.651 para agilizar el levantamiento de cadáveres por parte del OIJ
- 22.588 para que los vehículos de la policía judicial no aparezcan en el registro público
- 21.643 que crea un Centro de Capacitación para la policía judicial
