Paula Ruiz
Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios detectaron una serie de irregularidades en la liquidación del Presupuesto ejecutado en 2021, por lo cual emitieron un informe negativo tras un exhaustivo análisis.
Este informe, implica solicitarle al Plenario que impruebe la liquidación presupuestaria dado
En la liquidación presupuestaria, detectaron lo siguiente:
- Errores en las partidas de remuneraciones: Esto se presenta principalmente en el Ministerio de Educación Pública (MEP) y en el Ministerio de Hacienda.
- Pésima ejecución de créditos externos para inversión pública: Existen al menos 23 proyectos y programas de inversión que, en su mayoría, presentan poco avance físico y financiero. Durante 2021, el país pagó $6.9 millones (es decir, unos ¢4.830 millones) por concepto de multas y comisiones de compromiso.
- Incumplimiento de la regla fiscal: De 104 instituciones auditadas, solo 58 cumplieron, 21 incumplieron y los 25 restantes no aportaron la información requerida para determinar el cumplimiento de la regla.
- Debilidades en identificar sobrecargos a pensiones: Eso implica giras de más por al menos ¢521 millones, originadas principalmente por pagos a jubilados fallecidos.
- Carencia de una metodología para conocer el costo unitario de los servicios públicos: Mideplan y el Ministerio de Hacienda no han tenido la capacidad de construir una guía metodológica que permita conocer el costo unitario de los servicios públicos, tal como lo dispone el artículo 52 de la Ley 8131.
Falta de planificación
“Resulta inaceptable, por ejemplo, que luego de más de 20 años de estar en vigencia la Ley N° 8131, este país aún no cuente con un sistema que permita determinar el costo unitario de los servicios públicos”, consideró Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios.
Por su parte José Pablo Sibaja, diputado de Nueva República, compartió preocupación sobre el endeudamiento del país por “falta de planificación”.
Ante esto, solicitó un estudio ampliado sobre los créditos internos y externos que incluye información de vencimiento en los próximos 30 años, así como las tasas respectivas.
Para Sibaja, no es de recibo el pago de tasas pese a que dichos créditos no están siendo ejecutados.
En tanto, Alejandro Pacheco, legislador socialcristiano, criticó la ausencia de respuesta por parte de instituciones públicas sobre las liquidaciones debido a la ausencia de sanciones.
“Creo que deberíamos empezar a trabajar un proyectito para ponerle sanción a los jerarcas que no cumplan”, afirmó.
Históricamente, la Asamblea Legislativa imprueba los informes de liquidación de presupuesto.
