Gustavo Martinez
Las reformas para endurecer la prisión preventiva y Ciudad Gobierno serán las prioridades del Ejecutivo para las sesiones extraordinarias que dieron inicio el pasado 1° de mayo. Así lo informó la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, este jueves.
Esto luego de que el Ejecutivo remitiera el miércoles al Congreso la convocatoria inicial para las sesiones extraordinarias, que constó de 32 proyectos.
“En el inicio de las sesiones extraordinarias estamos priorizando las reformas para endurecer la prisión preventiva y también la iniciativa para desentrabar Ciudad Gobierno, junto con otros proyectos también de nuestro interés en materia de seguridad, por ejemplo: la reforma constitucional para permitir la extradición de nacionales en delitos como el tráfico internacional de drogas y terrorismo”, señaló la ministra Díaz.
“Con respecto a Ciudad Gobierno, que es una reforma a la ley de Contratación Pública, lo que buscamos es agilizar proyectos de inversión mediante mecanismos alternativos que no impliquen deuda para el país”, agregó.
Dentro de la convocatoria Casa Presidencial también incluyó iniciativas de seguridad aún pendientes de aprobar, el proyecto de jornadas excepciones o 4-3, el tercer presupuesto extraordinario, reforma del Estado, por citas algunos.
El Ejecutivo también convocó, entre otros proyectos, los siguientes:
- Jornadas excepcionales o 4-3.
- Tercer presupuesto extraordinario, que incluye entre otros recursos ¢3.347 millones, que se destinarán al OIJ, ICD, Poder Judicial, Ministerio Público y Ministerio de Seguridad Pública.
- Crédito con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por $160 millones, para atender a la población afectada por desastres, tras una declaración de emergencia de la CNE.
- Reformas del Estado (órganos desconcentrados, reforma del MAG, Minae, MCJ, entre otros).
- TCL con Ecuador.
- Manejo eficiente de la liquidez del Estado.
- Fortalecimiento de la rectoría del Ministerio de Salud para gestionar los residuos sólidos.
- Proyecto de ley para honrar pagos pendientes a ex muelleros tras 23 años de espera.
- Ley sobre división territorial administrativa.
Presidencia aclaró, que, en el caso del tercer presupuesto destinado a entidades de seguridad, los recursos provienen de un proceso por capitales emergentes, del caso conocido
como Ecostate Consulting Group S.A., persona jurídica que fue utilizada para ocultar dinero que provenían de un caso por corrupción en Perú.
Prisión preventiva
La iniciativa para endurecer la prisión preventiva se definió como la máxima prioridad de una lista de 10 proyectos de Seguridad, establecidos por los Supremos Poderes desde el pasado mes de enero, a partir de unas mesas de trabajo.
Sin embargo, el expediente, que se tramita bajo el expediente 23.986, se entrabó en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa. Incluso, algunos diputados tienen la intención de recolectar firmas para someterlo a consulta de la Sala Constitucional.
La propuesta está en este momento en la etapa de mociones vía artículo 137 en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.
Previamente, la presidenta de dicha comisión, Gloria Navas afirmó que las observaciones remitidas por la Sala Tercera de la Corte sobre el proyecto no la convencieron y cree que se debe seguir adelante.
“Las observaciones, dicho con todo respeto, no me convencen y por eso yo, como presidenta de la Comisión de Seguridad, y con la experiencia que tengo, considero que hay que cambiar el paradigma sobre como viene trabajando la ley penal y más en prisión preventiva”, dijo Navas.
A la iniciativa se le presentaron varias mociones de primer día del artículo 137. El órgano legislativo tiene consenso para aprobar dos; una que aclara el concepto de comunidad, que se incluye como parte de los factores para imponer prisión preventiva.
La otra también cambia el sentido de una palabra que se reafirme la potestad del juzgador de analizar y tomar una decisión respecto a la medida cautelar.
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Ciudad Gobierno
Otro de los proyectos entrabados consiste en la intención del Ejecutivo de construir un complejo gubernamental que albergue 35 instituciones públicas y a más de 10.000 funcionarios.
La obra se construiría a través de un empréstito con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por $450 millones.
No obstante, dicha construcción se vio frenada, desde el 5 de octubre, por una advertencia de la Contraloría General de la República (CGR). Este recurso se generó en vista del modelo de arrendamiento del Gobierno, el cual propuso construir en un terreno propio.
Por lo cual, el Ejecutivo presentó dos proyectos al Congreso para reformar la Ley de Contratación Pública: uno que consta de una interpretación auténtica de los artículos 67 y 77 de la Ley de Contratación Pública y el otro sobre una reforma de dichos artículos.
Ciudad Gobierno se ubicaría en Plaza González Víquez (Foto Archivo/El Observador).
El proyecto ha despertado constantes intercambios de criterios entre el presidente Rodrigo Chaves y las autoridades del ente contralor.
Incluso, los ministros de Planificación Nacional, Laura Fernández y el jerarca de Hacienda, Nogui Acosta, acudieron a la Asamblea Legislativa para defender la viabilidad de los expedientes presentados.
Desde el Ejecutivo defienden que la obra representaría un ahorro al país de ¢30.000 millones anuales por concepto de alquileres.
Las sesiones extraordinarias dieron inicio el pasado 1° de mayo y se extenderán hasta el 31 de julio, donde el Ejecutivo toma el control de la agenda legislativa, tanto de las comisiones como en el Plenario.
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