Hermes Solano
El proyecto para reformar la prisión preventiva, el número uno en la lista de prioridades en materia de seguridad no se ha botado todavía en primer debate, pero ya algunos diputados buscan las firmas para enviarlo a consulta a la Sala Constitucional.
Principalmente es la fracción del Frente Amplio la que está buscando el apoyo para que esta iniciativa sea revisada por los magistrados de la Sala Cuarta, ante lo que creen podría tener roces de inconstitucionalidad.
La propuesta está en este momento en la etapa de mociones vía artículo 137 en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico -que este jueves no sesionó por falta de quorum-.
“Lo que hemos hecho es hacer eco que los especialistas y el Poder Judicial han dicho, por lo que creemos que deberíamos hacer una consulta constitucional”, señaló Antonio Ortega, actual subjefe de bancada frenteamplista y quien será el jefe a partir del 1 de mayo.
Para enviarlo a la Sala se requieren un mínimo de 10 firmas de diputados, por lo que deben buscar cuatro más que se sumen a los seis integrantes de la bancada.
“Creería que por las propias observaciones del Poder Judicial, la mayoría de fracciones deberían estar de acuerdo con la consulta”, mencionó.
La Corte Suprema de Justicia determinó que la aprobación de la iniciativa requiere del mínimo de 38 votos de los diputados, ya que considera que sí afecta la organización del Poder Judicial y podría rozar la inconstitucionalidad.
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Asamblea Legislativa.
En jefes de fracción
La presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Gloria Navas, se hizo presente este jueves a la reunión de jefes de fracción para explicar los alcances del proyecto, que se tramita bajo el expediente 23.986.
Días atrás, la diputada señaló que las observaciones remitidas por la Sala Tercera de la Corte sobre el proyecto no la convencieron y cree que se debe seguir adelante.
“Las observaciones, dicho con todo respeto, no me convencen y por eso yo, como presidenta de la Comisión de Seguridad, y con la experiencia que tengo, considero que hay que cambiar el paradigma sobre como viene trabajando la ley penal y más en prisión preventiva”, dijo Navas.
A la iniciativa se le presentaron varias mociones de primer día del artículo 137. El órgano legislativo tiene consenso para aprobar dos; una que aclara el concepto de comunidad, que se incluye como parte de los factores para imponer prisión preventiva.
La otra también cambia el sentido de una palabra que se reafirme la potestad del juzgador de analizar y tomar una decisión respecto a la medida cautelar.
