Tomás Gómez
El cierre de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) sería posible por vía ley, pero la propuesta actual deja diferentes vacíos en temas de recursos y confidencialidad que convendría revisar en caso de que se siga adelante.
Así se resume el dictamen de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el proyecto 24.094, presentado por el Frente Amplio a finales del año pasado y actualmente bajo análisis de la Comisión de Seguridad.
La iniciativa frenteamplista propone el cierre de la institución y ajustes adicionales.
Entre ellos están sacarla de la lista de cuerpos de seguridad del Estado; así como ampliar las sanciones que rigen para funcionarios de seguridad que se subordinen a órdenes extranjeras.
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Ambas materias se reconocen como una posibilidad de ley. No obstante, es en los siguientes artículos donde el borrador tendría problemas, específicamente al repartir las funciones que actualmente tiene la Dirección.
El postulado es que “todas las actividades en trámite y las funciones a cargo de la DIS deberán ser trasladadas y tramitadas por el Organismo de Investigación Judicial en coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública, según corresponda”.
El detalle está en que mientras la mayoría de competencias de se darían al OIJ, los recursos irían a Seguridad.
“Pareciera que existe una contradicción al asignarse los recursos a un órgano que no asumirá las funciones de la DIS”, afirma la PGR.
“Dicha disposición tampoco es clara en cuanto a quién y en qué momento se definirá cuáles plazas pasarán al Poder Judicial y cuáles al Ministerio de Seguridad Pública; especialmente, por cuanto las funciones serán asumidas por el OIJ”, amplían.
Ese último apartado se agrava porque se darían apenas 6 meses para concretar la transición.
La confidencialidad de los papeles de la DIS
La segunda parte del informe de la Procuraduría se centra en temas de inteligencia como la confidencialidad de la información.
El Artículo 7 del proyecto señala que los archivos y expedientes que tenga la DIS deberán pasar al Ministerio de Seguridad. Este deberá mandar a Fiscalía lo que represente investigaciones penales, mientras que dejará en su poder aquello que sea Secreto de Estado.
Esa figura del Secreto también tendría transformaciones, sobre todo con lo que ya tiene ese velo y podría pasar a las instituciones judiciales.
Proponentes respoden
Ante los postulados de la Procuraduría, la fracción del Frente Amplio defiende que el ente ratifica que la eliminación de la DIS sí es una postetad legislativa. Defienden que el tema de presupuesto podría repartirse en los otros cuerpos de seguridad.
“El funcionamiento de la DIS en este momento es deconocido y no supervisado, por lo que creemos que este financiamiento y este presupuesto con el que cuenta el órgano. Es actualmente de unos ¢3.188.265.428 es un presupuesto que podría perfectamente ir a la lucha contra la inseguridad”, defendió la legisladora Priscilla Vindas.
Sobre las área de mejora, adujo que se toma nota sobre las necesidades de hacer mayores delimitaciones. Eso sí, sostiene que
“El proyecto de ley ya incluye las competencias de la DIS siempre que sean compatibles con la Constitución Política, los tratados internacionales y las leyes; en el marco de un Estado Social y Democrático de Derecho”, sostuvo.
“El proyeto ya incluye que el traslado de los recursos, los bienes y el personal de la DIS se le dará el Ministerio de Seguridad y al OIJ. No obstante sí haremos las gestiones necesarias para que esto quede aún más claro en el proyecto”, concluyó.
