En medio de la investigación que se sigue contra la alcaldesa de Alajuela, Laura Chaves, por haber aceptado un viaje con los gastos pagados al Mundial de Rusia 2018 por parte de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) sugirió al ente deportivo una serie de medidas para “prevenir la corrupción e incrementar la ética y la transparencia en la función pública”.
El oficio, firmado por la procuradora Johanna Masís fue enviado este jueves al presidente de la Fedefútbol Rodolfo Villalobos y recomienda:
- Respetar la legislación, especialmente la que prohíbe ofrecer y entregar dádivas, obsequios, premios y recompensas a funcionarios públicos por parte de entes privados.
- Explicar a sus miembros y colaboradores las prohibiciones de otorgar tales regalos a los funcionarios públicos y las consecuencias legales que esto implica.
- Adoptar medidas normativas para sancionar a las personas y organizaciones que entreguen o prometan las dádivas y recompensas.
- Denunciar ante las autoridades cualquier situación sospechosa donde un funcionario público podría estar incurriendo en conductas reprochables.
“Según el marco regulatorio vigente al momento de acaecidos los hechos, es patente que la Federación Costarricense de Fútbol pudo haber incurrido en responsabilidad administrativa, con ocasión del acuerdo de su Comité Ejecutivo de sesión extraordinaria 01-2018 del 21 de mayo de 2018, en el que se otorgó a la servidora pública investigada un beneficio patrimonial ilegal, consistente en un viaje pagado a la Copa Mundial Rusia 2018 y otras cortesías”, indicó la PEP.
En el escrito, la Procuraduría se ofreció a brindar la capacitación acerca las prohibiciones que pesan sobre los funcionarios públicos.
Viaje de problemas
La invitación a la alcaldesa fue hecha por el vicepresidente segundo del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol, Víctor Hugo Alfaro y financiada por la organización y el Consejo Económico para la Cooperación de los Países de América Latina.
La oferta llegó el 22 de mayo del 2018, cuando Chaves acababa de asumir el cargo ante la renuncia de su titular, Roberto Thompson, quien había sido electo diputado.
Originalmente, la política iría con un permiso con goce de salario que luego cambió por una licencia y vacaciones.
El viaje se extendió del 13 al 29 de junio del 2018 y tras una denuncia del diputado del Frente Amplio, José María Villalta, la PEP entró a conocer el caso.
Finalmente, el expediente se trasladó a la Fiscalía el pasado 3 de abril denunciando el aparente delito de enriquecimiento ilícito.